La ex magistrada Graciela Dixon acusó ayer a Ricardo Martinelli de hacer uso de toda clase de recursos jurídicos dilatorios para asfixiar económicamente a un grupo de ex trabajadores del Ingenio La Victoria y evitar el pago oportuno de prestaciones laborales por la suma de $290 mil a humildes campesinos.
Argumentó que cuando era funcionaria le estaba censurado por ley opinar sobre los fallos de la Corte, pero ahora que es una ciudadana común y corriente revelará lo que sea necesario para que la población sepa quién es Martinelli. El mencionado proceso empezó a tramitarse desde enero de 1999.
Manifestó que Martinelli instruyó a sus abogados para que evitaran el referido pago en concepto de décimo tercer mes, cuota de la CSS y vacaciones proporcionales. Indicó que el pleito mantuvo castigado a los trabajadores de Central Azucarera La Victoria por más cinco años.
En tanto, Alma Cortés, abogada de Martinelli, y miembro de Cambio Democrático, afirmó que Balbina Herrera está utilizando a los voceros de su campaña como una cortina de humo para evitar contestar la pregunta que todo el pueblo panameño se hace de "cómo fue que entró limpia al Gobierno y salió millonaria".
Como alcaldesa de San Miguelito no hizo nada por ese distrito, continúa la inseguridad, la pobreza, el desempleo, problemas de transporte y alto costo de la vida. Balbina Herrera, según manifestó la abogada, tiene mucho que responderle al pueblo.
Como ministra de vivienda ha dejado un déficit habitacional de 150 mil familias que están sin viviendas y Balbina Herrera no resolvió absolutamente nada.
