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La presencia de fuerzas irregulares en la frontera de Panamá con Colombia ha sido un dolor de cabeza que mantiene en jaque la seguridad de nuestra nación. Sin embargo, antes de 1989, cuando se destruyó al antiguo ejército panameño debido a la invasión militar estadounidense del 20 de diciembre, el Istmo quedó a merced de los insurgentes comunistas y paramilitares del vecino sudamericano, quienes con su poder de fuego y el negocio del narcotráfico han convertido a la provincia del Darién en tierra de nadie. Para colmos, el gobierno de turno no ha planeado siquiera restablecer una fuerza de protección militarizada, por temor a que los elementos de las fuerzas armadas panameñas les den un golpe de Estado, como ocurrió en el pasado.
También, hace pocos días atrás, la presidenta de Panamá y sus homólogos centroamericanos hicieron algo que puede acarrear funestas consecuencias para nuestra nación, al tildar de "terroristas" a los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), siguiendo el parámetro de la línea de Washington para intervenir indirectamente en el conflicto interno de aquella convulsionada república bolivariana, enfrascada en más de 40 años de guerra civil no declarada.
Como vemos, Panamá ha cometido dos graves errores fatales en su dirección política que saldarán trágicamente en el desenvolvimiento de nuestro país. El apoyo formal del gobierno panameño a la causa del derechista Alvaro Uribe, presidente de Colombia, para acabar con los insurgentes, involucra al Istmo en una guerra ajena, haciendo previsible que los "terroristas" pongan en sus blancos de atentados a nuestra gente y las ciudades canaleras. Inconscientemente, el gobierno de turno ha abandonado la clásica neutralidad panameña que tanto se nos propuso por la mera existencia del canal interoceánico.
Pero lo peor es que al firmar la denominada Declaración de Panamá para combatir a los terroristas colombianos, nos comprometemos a cortarle todos los medios de financiamiento a la guerrilla y a los paramilitares colombianos, los cuales consideraban a Panamá como un territorio "especial" o "res nulius", desde donde desplazan sus fuerzas para reoganizarse y descansar, tras duras batallas con la tropa oficial de Bogotá. Por supuesto, el centro bancario panameño debe tener alguna que otra cuenta de los subversivos sudamericanos y cuando éstos se percaten que no pueden usar más su dinero para comprar armas o lavar dólares con el fin de limpiar las ganancias del narcotráfico, de seguro habrá acciones contra intereses panameños de parte de los rebeldes.
Es increíble ver la desfachatez del presidente colombiano Alvaro Uribe de negar que haya muchos desplazados de su país en Panamá. Está muy equivocado: cerca de 125 mil colombianos viven actualmente en nuestro país, según datos extraoficiales. Muchos de los mismos son parte del millón y tanto de refugiados internos que se movilizan por toda Colombia, huyendo de la violencia.
Mireya Moscoso ha cometido otro error fatal al declararle la guerra a la insurgencia, sabiendo que no tiene ejército regular para proteger nuestra frontera en el Darién. Es lógico suponer que los 150 policías panameños en Paya y Púcuro, los poblados recientemente atacados por los paramilitares colombianos, no son suficientes para combatir a los cerca de 15 mil rebeldes comunistas (en especial a los 5 mil que andan sueltos por el Chocó y el Urabá. |
