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Indígenas "forzados" a control de natalidad, dice defensor pueblo

Acapulco (México)
EFE
Los indígenas del estado de Guerrero, en el sur de México, son "engañados" y "forzados" a someterse a controles de natalidad, afirmó ayer la Comisión de Derechos Humanos local al rechazar la versión del Ministerio de Salud, que negó esas violaciones de derechos humanos. El Defensor del Pueblo en Guerrero, Juan Alarcón, indicó que la Comisión a su cargo investigó las denuncias y comprobó que los médicos comisionados, mediante engaños y en algunos casos bajo presión, han ejercido esas actividades con los indígenas. Alarcón dijo que, tras el resultado de las investigaciones, "nosotros consideramos que sí existe violación a los derechos humanos" de los indígenas, aunque el ministro mexicano de Salud, José Antonio González, rechazó la semana pasada esa versión. El 11 de enero el Defensor del Pueblo recomendó a la oficina de Salud en Guerrero investigar y sancionar a los médicos que esterilizaron mediante engaños a 17 indígenas en los últimos dos años. El titular de Salud en Guerrero, Carlos de la Peña, aceptó la recomendación y se comprometió a investigar las denuncias, sin embargo el pasado 23 de enero, ante el Congreso local que le exigió información sobre este caso, rechazó que las brigadas sanitarias practiquen esterilizaciones forzosas a los indígenas y en las regiones más pobres. Cuatro días después, el ministro mexicano de Salud, José Antonio González, de gira por Guerrero, rechazó que las prácticas de control natal se realicen en contra de la voluntad de las personas. El pasado sábado, los 17 indígenas mixtecos a quienes presuntamente los promotores de salud les prometieron 52 dólares, alimento y ropa a cambio de ser esterilizados, exigieron que el ministerio de Salud les indemnicen. Diversas organizaciones civiles del estado de Guerrero afirman que tienen por lo menos 300 denuncias de hombres y mujeres a quienes se les sometió sin su consentimiento o mediante engaños a un determinado tipo de control de natalidad. Estos mismos hechos fueron denunciados por organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, así como en la capital mexicana y por representantes de la Iglesia católica.
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Estos mismos hechos fueron denunciados por organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, así como en la capital mexicana y por representantes de la Iglesia católica.
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