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Protesta social hace flaquear poder político de Banzer
Agencias
Internacionales
Una protesta cívico-campesina, la más violenta en Bolivia en los últimos 28 meses, obligó al gobierno del presidente Hugo Banzer a marchar contra el invariable régimen de privatizaciones aplicado desde 1985, y minó sensiblemente su hegemonía parlamentaria. Los virulentos choques entre campesinos y vecinos y la fuerza pública, que sacudieron Cochabamba (centro) el viernes y sábado pasado, pusieron al Gobierno frente a la disyuntiva de imponer un alza de 20% de las tarifas de agua en esa ciudad, la tercera más poblada del país, y las medidas de fuerza adoptadas por organizaciones sociales radicalmente opuestas a esa política. Tras casi 24 horas de duros enfrentamientos, que dejaron más de 100 heridos, dos de ellos con lesiones graves, y un número aún indeterminado de detenidos, el Gobierno cedió a las presiones de una organización "coordinadora defensa del agua", que dirigió la protesta y que terminó imponiendo momentáneamente sus condiciones. Hacia la medianoche del sábado, dos altos jerarcas de la administración Banzer se comprometieron a congelar las tarifas de agua, pese a que horas antes habían declarado la incompetencia gubernamental para tratar un tema estrictamente empresarial y privado. En medio de un régimen indeclinable de privatizaciones patrocinado por un Estado que se ha desembarazado de la mayor parte de sus empresas, la concesionaria Aguas del Tunari mantenía este lunes, dos días después del compromiso gubernamental, un inquebrantable silencio. Lo mismo sucedía con la autónoma Súperintendecia de Aguas. A través de los ministros de la Información Gubernamental, Jorge Landívar, y de Gobierno, Wálter Guiteras, el Gobierno suscribió su compromiso de impulsar asimismo el proyecto Misicuni, que dotará de agua a esa región central donde escasea el líquido, "así me cueste el cargo", afirmó Banzer, dos días después de ordenar el repliegue de unos 1.500 efectivos del Ejército y la Policía de Cochabamba. Tras la firma del acuerdo, que evitó la ejecución de un paro general y una escalada de violencia en la región, donde se asienta la mayor presencia de la izquierda revolucionaria boliviana y donde operan los combativos sindicatos de cocaleros, la ciudad quedó "peor que Managua tras la toma sandinista de 1980", describió un dirigente izquierdista y diputado campesino Alejo Véliz. Mientras Cochabamba quedó sembrada de escombros, con varios cientos de metros de pavimento destruidos, brasas de fogatas por todas partes y miles de volantes de propaganda gubernamental lanzados desde aviones, el Gobierno quedó con un ministerio y varias direcciones acéfalas en el Ejecutivo y 13 parlamentarios alineados en la oposición, casi tan numerosa como el oficialismo. La abrupta salida del oficialismo de la Nueva Fuerza Republicana, liderada por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes, a raíz del alza de la tarifa, restringió al límite la aplastante mayoría parlamentaria, que ostentó hasta el viernes la "mega" alianza que apuntaló al Gobierno de Banzer, desde su elección en el Congreso. El episodio, según los analistas, ha desnudado las flaquezas del Gobierno y ahora la heterogénea alianza de conservadores, socialdemócratas y una de las tres organizaciones populistas que la fundaron hace 28 meses deberá persuadir al menos a 13 ex oficialistas congresistas -número indispensable para alcanzar dos tercios del Congreso- por el momento en filas opositoras. En la crisis de Cochabamba, la más grave desde 1997, el Gobierno "perdió legitimidad, porque no supo consensuar, y también perdió en el ámbito de la coerción", camino que eligió el jueves, un día antes del estallido del conflicto que le obligó a barajar el último expediente del estado de sitio, según un analista local.
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En la crisis de Cochabamba, la más grave desde 1997, el Gobierno "perdió legitimidad, porque no supo consensuar, y también perdió en el ámbito de la coerción", camino que eligió el jueves, un día antes del estallido del conflicto que le obligó a barajar el último expediente del estado de sitio, según un analista local.
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