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EDITORIAL
Transparencia
La iniciativa de divulgar a través de la página electrónica de la Asamblea Legislativa y de la Defensoría del Pueblo, la planilla de ambas entidades, deben ser imitada por el resto de las instituciones, con el fin de promover la transparencia en el sector público.
Ese tipo de acciones forman parte de los esfuerzos que se hacen para tratar de mejorar la imagen de una institución desprestigiada como la Asamblea Legislativa, salpicada de denuncias de sobornos, que hoy motivan la investigación del Ministerio Público.
Sin embargo, al mismo tiempo es cuestionable que los legisladores engruesen la planilla de ese órgano del Estado nombrando a familiares, lo cual se traduce a un mal endémico que por años ha sacudido a la clase política: el nepotismo.
Peor situación se produce con funcionarios que no concurren a laborar, salvo los días 15 y 30 para retirar sus emolumentos. Esta situación constituye un delito de peculado y una lesión patrimonial contra el Estado, que debe ser investigado por el Ministerio Público y la Contraloría General. Además es cuestionable que algunos funcionarios devenguen gastos de representación superiores al salario que perciben.
La situación también pone al descubierto la necesidad de una ley general de sueldos para el sector público. No es posible que existan diferencias abismales en materia salarial entre funcionarios que realizan una misma labor.
Desde la década del ochenta se viene planteando la necesidad de esa Ley General de Sueldos, pero los proyectos se han quedado en promesas y no se concretan. La divulgación de la planilla del sector público servirá de alguna manera para que los legisladores realicen un mejor selección del personal a su servicio, tomando en consideración primordialmente la capacidad, en vez de la militancia política.
Lo sucedido con la crisis institucional generada por las denuncias de corrupción que afectan a los tres órganos del Estado, deben motivar un esfuerzo extraordinario para darle mayor transparencia a las acciones en el sector público.
Panamá ya no es el mismo desde que estallaron esas denuncias y los dirigentes del país deben hacer grandes esfuerzos para tratar de recuperar la credibilidad en las instituciones, porque en los actuales momentos nadie cree en nadie ni en nada.
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PUNTO CRITICO |
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