Resulta irónico que ninguno de los estrategas y cerebros de la reforma tributaria tenga experiencia en el pago de planillas, la generación de empleos o la creación de empresas. En su mayoría estos señores son burócratas y teóricos, lo que explica las medidas fiscales draconianas que pretenden imponer al pueblo panameño. Convencidos de que el gobierno perredista necesita con urgencia fondos frescos para cumplir con las promesas electorales, los asesores del presidente Torrijos quieren imponer impuestos que generarán ingresos de entre $350 y $600 millones adicionales al erario público.
El problema es que las nuevas medidas fiscales destruirán la clase media y elevarán el nivel de desempleo a cifras inauditas. El resultado final será la creación de una nación de buhoneros como ha sucedido en la República Dominicana y otros países donde se implementaron medidas similares. Nadie entiende cómo el gobierno del PRD pretende sacar millones de dólares del sector productivo para dárselo al sector improductivo; sector que se caracteriza por la burocracia inoperante, por el despilfarro y la inhabilidad de lograr resultados positivos. Pretender castigar a las empresas con un impuesto del 2 por ciento a las ventas brutas se traducirá en pérdidas millonarias, hiperinflación y reducción de personal.
El IRMA como se conoce este nuevo impuesto equivale a que la empresa privada financiará por adelantado las actividades del gobierno. La medida ignora los costos de la mano de obra y los gastos y los intereses bancarios que normalmente se deducen de los ingresos antes de cobrar impuestos. A manera de ejemplo en una compañía con ventas de un millón de dólares anuales cuya ganancia final es de 5 por ciento o sea $50,000, el nuevo esquema impositivo será de $20,000 versus un pago de $1000 en impuestos si el IRMA se carga sobre la ganancia neta. Los expertos sugieren que cualquier cobro adicional sobre las ganancias se haga después de deducir los gastos e intereses bancarios para no liquidar a las empresas que son las que generan riqueza y empleos en nuestro país.
Expertos consultados sobre el tema nos señalan que los padrinos de la nueva generación de buhoneros también pretenden crear un gestapo fiscal, transformando a todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas y Economía en juez y parte. Los policías fiscales tendrán la potestad de ordenar detenciones preventivas, decomisos, congelamiento de cuentas bancarias y podrán apoderarse de cualquiera empresa donde existan sospechas de evasión fiscal.
