Por años la clase media integrada sobre todo por profesionales ha sido un sector pujante de la economía del país. Sin embargo, casi siempre las políticas de los gobiernos de turno van dirigidas para beneficiar a los sectores más pobres y a los inversionistas. Poco o nada, recibe la clase media.
Los subsidios o las exoneraciones van para los más necesitados o para los inversionistas, ignorándose a los profesionales que han hecho un esfuerzo para superarse.
Esa clase media prácticamente releva al Estado de algunos de sus compromisos, porque en la práctica no utiliza los servicios médicos de la seguridad social ni el sistema escolar público, pero en cambio paga al día sus tributos.
Ahora con la reforma fiscal se le pretende aplicar una tasa de impuesto sobre la renta y un descuento para aportar a la cuota del Seguro Social, sobre los gastos de representación, que a la postre puede reducir hasta en un 25 por ciento los ingresos de la clase profesional.
Si bien es cierto que los asalariados son los que más cotizan impuesto sobre la renta en Panamá, también es cierto que más del 60 por ciento de esos aportes, lo hacen los profesionales que se ubican en la clase media, por eso parece algo injusto que se aplique un castigo adicional a este sector de la población.
Es un deber de todos pagar impuestos, pero no se debe cargar a un sólo grupo el peso de esas obligaciones. Una tasa razonable sobre los gastos de representación debe ser lo más correcto, lo contrario sería una injusticia.