Pasaron los festejos. Panamá se avoca a la elección presidencial más impredecible de los últimos periodos al presentarse sobre la arena política varias candidaturas con reales posibilidades de triunfo. Se trata de una decisión clave para un país agigantado en proyecciones de desarrollo económico, social, urbano y humanístico; una patria soberana que se esfuerza por seguir ocupando uno de los mejores niveles de progreso económico en toda la región latinoamericana.
Sobre dicha perspectiva, los servidores públicos, convencidos de su potencial como sector y por su incuestionable aporte a ésta extraordinaria dimensión de crecimiento, tenemos que seguir con la vista fija en el presente y en el futuro inmediato.
Si ahondáremos en el discurso de la estabilidad laboral, seguridad social, administración salarial, fueros, privilegios, ascensos, despidos, u otros tópicos de las relaciones laborales Estado - Servidor, que son de interés, tendríamos que hacer plegarias diarias al Todopoderoso para que la vía de la carrera administrativa nos ofrezca en el 2009 una dosis de oxígeno para la agitación que se dará a partir de los resultados en los comicios venideros. Triste realidad que debe cesar.
La normativa de la carrera administrativa con su premisa de honor: "sistema basado en méritos y eficiencia", parece tener a la vista un atentado mortal si no se toman las medidas cautelosas al respecto pues a la fecha, se mantiene el concepto de que las elecciones presidenciales equivalen a focos de ganancias y pérdidas de plazas laborales dentro del sector público panameño.
Ante tal perspectiva política - electoral nos preguntamos si una vez más la carrera administrativa volverá a ser una cuerda vulnerable, de pocos hilos, débil e insegura por sus características sui génerís de la que se adhieren un grupo minoritario de servidores, o bien, será finalmente una cadena de hierro, sólida, firme, segura y de eslabones inviolables.
