Imagínese que cualquier persona pueda entrar a su domicilio cuando tenga ganas de hacerlo, abrir su refrigerador, sacar de ahí quesos, panes, jamón, tomate, lechuga para prepararse un emparedado y luego sentarse cómodamente en su sillón. Si esto fuera así, el artículo 26 de la Constitución de la República de Panamá habría que eliminarlo para siempre, precisamente porque es el que señala que el domicilio o residencia son inviolables. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño.
Nuestra Constitución es un libro que conjuga una serie de leyes que rigen la vida de los panameños y debe ser inviolable. Cualquier situación que se salga de su contexto debe ser considerado un atentado a nuestras libertades.
El artículo 255 de nuestra Carta Magna dice lo siguiente: "Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada. El mar territorial y las aguas lacustres fluviales; las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común (...)".
No hay que ser constitucionalistas para alertar a las autoridades que más de uno están interpretando el articulado como desea. No es posible que el acceso a las playas o ríos tenga un costo.
Lo más sorprendente de todo el desorden veraniego -que apenas inicia- es el cobro de B/.10.00 por auto que se establece para visitar Río Mar, una playa del distrito de San Carlos, donde también se factura B/.2.00 a las personas que intenten entrar a pie.
¿Quién frena este tipo de acción ilegal? ¿Dónde están las autoridades? ¿Quién sanciona a los usurpadores, aves de rapiña que se aprovechan de la temporada para sacar sus libretas y arrebatar al pobre el dinero que puede servir para cubrir el costo del pasaje o de la gasolina para visitar los balnearios del país?
Este país parece un pueblo sembrado en el corazón de la selva, donde no existe la ley. No nos sorprende que se viole nuestra constitución abiertamente, lo que sorprendente es que descaradamente, quienes lo han hecho cada año, hayan aumentado la tarifa de acceso a las playas.
Pedimos una explicación al Premier o quien tenga vela en este entierro porque hay que frenar el abuso de un cobro que es inconstitucional desde cualquier ángulo en que se mire.
Los paseos a las playas deben convertirse en sinónimo de desestrés y no lo contrario, sin embargo, con el cobro de este tipo de entrada, pareciera que se espera que los ciudadanos pasen un mal momento de bienvenida.
Todos los años se canta esta misma canción. En enero del 2006 nos tocó entonar las notas para que sean escuchadas por oídos de personas con suficiente autoridad para corregir este mal que se ha adueñado del verano y se ha convertido en un negocio bonito.
