Los panameños más pobres acaban de sufrir otro golpe mortal a sus escuálidas y escasas finanzas con el alza de la tarifa eléctrica, crimen perpetrado con la venta de las empresas estatales durante la administración de Ernesto Pérez Balladares.
Ahora, una familia que devenga salario mínimo o sobrevive en la economía informal, tendrá que encoger más su presupuesto, reduciendo los recursos destinados a necesidades primordiales de alimentación, medicina, educación y vivienda, porque hoy ya nadie puede vivir sin energía eléctrica.
Si esa situación no se corrige, el alza de la tarifa eléctrica producirá el cierre de pequeñas empresas, la cesantía de muchos trabajadores y el desmejoramiento de la calidad de vida de los sectores de la población con recursos económicos limitados.
Después de más de una década de la venta de esas empresas, la mayoría de los panameños desconocemos los términos en que se pactaron tales contratos y sobre todo, quiénes del gobierno que consumó semejante infamia, participan de los beneficios.
En consecuencia, exigimos que se publique la lista de los nombres de los accionistas de las empresas estatales privatizadas y los contratos que dieron origen a esa venta que hoy le cuesta a las generaciones actuales sacrificios sin precedentes.
Que se revisen los contratos millonarios de publicidad que promueven la imagen de estas empresas ante un mercado cautivo, sin ninguna justificación, y estos dineros sean aplicados a reducir los aumentos con los que nos explotan día a día estos consorcios extranjeros.
También solicitamos que el Ente Regulador emita su posición sobre el tema ante los miles de consumidores, para aclarar las dudas en torno a que éste organismo es un apéndice de las transnacionales que se enriquecen con la sangre y el sudor de las mayorías empobrecidas por el neoliberalismo.
