Policías y militares de Venezuela inspeccionan una finca de propiedad británica, como primera medida concreta en la aplicación de la reforma agraria, promulgada en 2001.
La Ley de Tierras permite la expropiación de terrenos que son utilizados productivamente o cuya propiedad no pueda ser demostrada.
El sitio inspeccionado es la finca El Charcote, ubicada en el central estado de Cojedes y ocupada por la Agropecuaria Flora, una subsidiaria de grupo británico Vestey, que reclama su propiedad.
