Hemos dejado atrás un año convulso. El estilo impulsivo y frontal del gobierno generó al menos tres situaciones de alta tensión nacional durante el año que culminó. Cada una conllevó un costo político para la administración Martinelli, y lecciones que esperamos hayan sido asimiladas.
Primero estuvo la intempestiva separación de la Procuradora Ana Matilde Gómez, y su sustitución con el cuestionado Giuseppe Bonissi. Las cosas terminaron mal, como era de esperarse. Hoy día, Bonissi deja el Ministerio Público hundido en el escándalo y la corrupción, situación que ahora le toca revertir al nuevo Procurador José Ayú Prado.
En vísperas del campeonato mundial de Fútbol, el gobierno envió casi furtivamente a la Asamblea Nacional un proyecto que se convirtió en la Ley 30, un instrumento legal que bajo el título de mejorar la aviación comercial, introdujo cuestionados cambios a las leyes laborales y ambientales.
Ese fue el segundo error, que generó el tercero: el exceso de fuerza en la represión de los posteriores disturbios de Bocas del Toro, motivados por la Ley 30.
Ahora, el 2011 inicia con la incertidumbre que causa la propuesta gubernamental de cambiar la Constitución Nacional. Algo de esta naturaleza no puede pasarse a la brava, como se hizo con la apodada "Ley Chorizo". Se necesita de tiempo y un debate nacional, que sea incluyente a todos los sectores. De lo contrario, el 2011 será también de estrés.