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Argentina defiende territorialidad en caso presunto torturador
Agencias
Internacionales
El gobierno argentino defender� el principio de territorialidad de la justicia en el caso de un presunto torturador de la pasada dictadura del pa�s detenido en M�xico y reclamado por la justicia espa�ola. "Argentina siempre va a defender el principio de territorialidad. Es b�sico en nuestro sistema jur�dico y vamos a seguir los mecanismos normales que est�n previstos en nuestra legislaci�n", dijo el lunes a periodistas el ministro de Defensa, Ricardo L�pez Murphy. Ricardo Miguel Cavallo fue arrestado el jueves y permanece en una c�rcel de la capital mexicana, pero su defensa alega que no es la persona reclamada por la justicia espa�ola. El juez espa�ol Baltasar Garz�n, conocido internacionalmente por haber logrado el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, acusa a Cavallo de genocidio, tortura y terrorismo durante la dictadura argentina (1976-1983). Pero seg�n el abogado defensor, Alvaro Carrillo, la persona reclamada por Garz�n es Miguel Angel Cavallo y no el arrestado por la polic�a mexicana, quien en M�xico dirig�a una empresa encargada de un programa nacional de registro vehicular. Organismos argentinos de derechos humanos aseguran que el detenido en M�xico es un ex torturador apodado "S�rpico" por sus v�ctimas, seg�n ellas por la efectividad de su trabajo, y cinco detenidos sobrevivientes lo han identificado a trav�s de fotos. L�pez Murphy no emiti� opini�n sobre si el detenido responde o no a esa identidad. Cavallo ingres� el s�bado al Reclusorio Oriente despu�s que un juez mexicano gir� una orden de arresto provisional de 60 d�as mientras se decide el proceso de extradici�n Argentina "tiene un plexo jur�dico (legislaci�n) por el cual ha juzgado y ha sancionado los episodios que ocurrieron en Argentina y ese es el plexo jur�dico que finalmente vamos a defender", a�adi� por su parte L�pez Murphy. El funcionario se refer�a a dos leyes sancionadas tras el retorno del pa�s a la democracia que pusieron fin a procesos contra militares acusados de cr�menes durante la dictadura y libraron de culpa a miembros de seguridad que se vieron obligados a cumplir �rdenes de superiores, respectivamente. La legislaci�n no impide, sin embargo, "que ocurran en el exterior episodios que obligan a que procedamos de acuerdo a lo que establece nuestra organizaci�n estatal", dijo el ministro, a�adiendo que por ello la Canciller�a est� a cargo del caso.
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