Después de 21 horas de audiencia, el juez noveno Diego Fernández se acogió al término de 30 días para determinar si abre causa criminal o no, por lavado de dinero, al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares y a otras 14 personas.
En los alegatos, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado sorprendió al cuestionar el peritaje de auditoría realizado por forenses del Instituto de Medicina Legal, que señaló que no se determinó el lavado de dinero a través de las sociedades Lucky Games y Shelf Holding, investigadas en el proceso.
El fiscal Marcelino Aguilar solicitó el encausamiento de Ernesto Pérez Balladares, Ricardo Caputto, Rómulo Abad, Henry Mong, Jaime Espino, Jeniffer Espino, Vicente Calderón, Roosevelt Thayer, Carlos Carrasquilla, Adelio Green, Enrique Prettelt y el sobreseimiento provisional para Humberto González, Eyda Achón y James Tobbiason. Además, pidió que se mantengan las medidas cautelares al ex mandatario de la Nación y la compulsa de copias para que se investiguen dos cuentas en Banistmo Internacional de Bahamas.
Esta posición de la Fiscalía contra los resultados de los peritos forenses José Vergelli y Fabio Duarte Navarro, ambos ex funcionarios del Ministerio Público, fue la bandera con la que arremetieron los ocho defensores que esgrimieron sus argumentos, señalando que el peritaje era legal, ya que no se encontraron rastros de blanqueo de capitales ni alertas en las sociedades.
Los ocho defensores pidieron el sobreseimiento definitivo de los 15 encausados, la nulidad del proceso y el archivo. Incluso no descartaron que se abra una investigación contra la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. La nulidad fue basada en que a pesar de que el juez Diego Fernández negó que se hiciera una auditoría por la UAF, se introdujo en el expediente una de la Dirección de Investigación Judicial que se utilizó en la investigación.