EDITORA PANAMA AMERICA: historia de Panamá

El retorno del PRD: “el pueblo al poder”
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Dra. Patricia Pizzurno
Dr. Celestino Andrés Araúz
Desde los inicios de su administración pérez Balladares planteó un gobierno de “concertación nacional” y sometió a consideración de la ciudadanía su plan de reformas políticas denominado: Políticas Públicas para el desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Económica”,basado en una economía competitiva y de mercado, orientada hacia afuera, para lograr una inserción racional dentro de la economía mundial y acorde con la globalización. Este programa consignaba las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, contenía la redifinición del papel del sector público, dirigido hacia la privatización de todas las empresas estatales, puesta en marcha por el anterior gobierno; el inicio de la modernización de la educación y de la administración pública. Con estas perspectivas ingresamos a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se hizo realidad en 1997. También se aprobó la Ley para la Universalización de los Incentivos Tributarios a la producción, y la liberación de los precios de la mayoría de los productos que integran la canasta de bienes nacionales. Posteriormente, en septiembre de 1997, se inició una segunda fase de este programa bajo la denominada Estrategia de Desarrollo Social con Eficiencia Económica 1997-1999, con el fin de estabilizar y fortalecer las reformas puestas en marcha durante el período anterior, a la vez que introducir cambios y profundizar los cambios en nuevos sectores.
En el campo de la política exterior se fijaron tres objetivos fundamentales: la transición y la transferencia del Canal; la recuperación de la imagen de Panamá en el extranjero, la promoción de inversiones y el fortalecimiento de las relaciones económicas internacionales. Pero amparándose en la “solidaridad internacional” se otorgó asilo al general haitiano Raoul Cedras y a varios de sus colaboradores; se acordó con el gobierno estadounidense dar refugio temporal a ocho mil balseros cubanos en las riberas del canal bajo la coordinación del Comando Sur. Además, se otorgaron indultos para favorecer a copartidarios y ex militares procesados durante el anterior gobierno.
Si bien el conjunto de reformas económicas se aplicaría “dentro de un marco de mayor equidad social”, destinado, entre otras cosas “a resolver la acumulación de altísimos niveles de pobreza” y la “injusta distribución de los ingresos”, la aplicación del mismo, desde los inicios, implicó una profunda afectación negativa para el pueblo panameño. Así sucedió con el pliego de reformas al Código de Trabajo presentado a la Asamblea Legislativa, que mereció el repudio y movilizaciones por parte de los obreros agrupados en el Sindicato Unico Nacional de los Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), con el trágico saldo de muertos y heridos.
Pero el Presidente, en virtud del control que ejercía dentro del Legislativo, impuso estas reformas. Con ello se ganó la enemistad de los sectores obreros y comenzó a ser acusado de prepotente y soberbio. Lo mismo sucedió con otras medidas aplicadas por el gobierno y que incrementaron su impopularidad, a saber: la Ley reformatoria de las jubilaciones especiales a través de la reestructuración del Fondo Complementario de Seguridad Social; el Decreto de los llamados “días puente”; las reformas económicas impuestas a la mediana y pequeña empresa, e igualmente a los productores agropecuarios, a raíz de la rebaja de los aranceles de importación. En estas protestas también participaron los estudiantes de escuelas secundarias, así como los universitarios, que fueron reprimidos duramente por los antimotines, quienes incluso llegaron a violar la autonomía universitaria, penetrando dentro del campus.
Otro aspecto prominente del gobierno del PRD fueron las privatizaciones y concesiones de varias empresas estatales como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), en 1995; el Hipódromo, a finales de 1997; los Casinos Nacionales, en enero de 1998; el Ferrocarril Transístmico, en febrero de 1998 y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), a ocho compañías de distribución eléctrica a finales de 1998. Estas privatizaciones, como parte de la política social, no arrojaron los efectos deseados, pues como en el caso del INTEL, más bien se produjo un incremento en las tarifas. Además, el servicio desmejoró notablemente.
A mediados de 1998 se inició el proceso de concesión administrativa del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) que causó violentas protesta callejeras y manifestaciones en señal de rechazo por la privatización de este servicio.
Estas demostraciones obligaron al gobierno a suspender este proceso. Otro episodio candente fue el debate de las reformas constitucionales propuestas por el gobierno a principios de 1998, ya que incluían la reelección inmediata del Presidente en ejercicio. El referéndum se realizó el 30 de agosto y los resultados demostraron el rechazo masivo de la ciudadanía. En una proporción de dos a uno triunfó el “ No” a las reformas constitucionales. El 63.81% de los votantes rechazaron reelección, en tanto que sólo el 34.30 % votó por el Sí. La victoria del No se consideró no sólo como un rotundo rechazo popular a la aspiración reeleccionista del Presidente Balladares, sino también como de repudio a su gestión gubernamental.
Mención especial merecen las negociaciones bilaterales que, en 1995s, iniciaron los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos, para el establecimiento de un Centro Multilateral Antidrogas (CMA), que funcionaría en las instalaciones de las ex bases militares estadounidenses en la Zona del Canal, sobre todo Howard, Rodman y Galeta. El proyecto fue considerado por amplios sectores de la opinión pública nacional como un disfraz para mantener la presencia militar de los Estados Unidos más allá del año 2000. Aunque el gobierno nacional trató de manejar con reserva el contenido y alcance de dichas negociaciones, pronto surgieron voces disidentes, provenientes de las capas medias y organismos, que exigían que se hicieran públicas las conversaciones y acuerdos, petición que el gobierno soslayaba. No obstante, cabe destacar que amplios sectores de la población estaban de acuerdo con el mantenimiento de las bases, a cambio de beneficios económicos.
Cuando el proyecto se dio a conocer a los representantes del grupo de países que podían adherirse al pacto el diario mexicano El Excelsior publicó el texto íntegramente, en febrero de 1998, e inmediatamente fue reproducido por El Siglo de Panamá. Esta publicación, puso de manifiesto la serie de concesiones y violaciones a la soberanía nacional que contenía el proyecto, en abierta oposición a lo dispuesto en los Tratados Torrijos-Carter y a las aspiraciones nacionalistas permanentes del retiro de las tropas norteamericanas del territorio panameño. Miguel Candanedo dirigente del Movimiento Nacional por la defensa de la Soberanía, declaró que el CMA era más lesivo “para la soberanía del Estado panameño que el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903”. En septiembre de 1998, después de la derrota sufrida en el referéndum el gobierno declaró formalmente canceladas las negociaciones. Otra lucha que aún se adelanta, aunque con dudoso éxito, es la limpieza por parte del gobierno de los Estados Unidos, de las áreas revertidas y los polígonos de tiro que se encuentran contaminados en la antigua Zona del Canal y en tierras adyacentes.
Haciendo un balance general de la pasada administración de Pérez Balladares es innegable que durante este período se impulsó el desarrollo de la economía nacional y se obtuvieron significativos logros, gracias a la puesta en ejecución de un ambicioso proyecto de modernización, liberalización, privatización, promoción de empresas internacionales y desarrollo de infraestructura, al igual que se promovieron inversiones en las recuperadas áreas canaleras. La reforma de la administración pública se extendió a varios sectores, con la expedición de la Ley del Ente Regulador de los Servicios Públicos; la Ley de Defensa de la Competencia, que eliminó la Oficina de Regulación de Precios y en su lugar estableció la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, la creación del nuevo Ministerio de la Juventud, la Mujer, el Niño y la Familia, decisión que implicó la modificación de la estructura del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, ya que algunas de sus funciones fueron absorbidas por aquél. La puesta en ejecución de la carrera administrativa y las funciones de manejo de las finanzas y de la hacienda pública han sido consolidadas en el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas.
Pese a la falta de sensibilidad social demostrada por el gobierno, así como al autoritarismo desplegado por el Presidente, que terminaron por agotar la paciencia del pueblo que comenzó a reclamar un cambio radical, lo cierto es que en el campo de la cultura, mucho más que su predecesor, Pérez Balladares adoptó medidas acertadas e inteligentes. Una de ellas fue la organización del Congreso del Canal organizado por Fernando Manfredo y para lo cual se inauguró el Museo del Canal en el antiguo Hotel Central de George Loeb que había servido como sede administrativa de la Compañía Universal de Lesseps en la década del 80 del siglo pasado. Igualmente, el Presidente aprobó la concesión de una partida de siete millones de dólares para rescatar la Biblioteca Nacional y ,ya en las postrimerías de su administración, vio la luz la Biblioteca de la Nacionalidad Panameña, un esfuerzo titánico por dar a conocer las obras más representativas de nuestro quehacer intelectual, coordinado por el entonces canciller Jorge Eduardo Ritter.
Estos logros quedaron opacados, en buena medida, por algunas decisiones impuestas contra viento y marea por el Ejecutivo gracias al dominio que ejerció sobre la Asamblea Legislativa. Así, algunas leyes de último momento crearon la Sala Quinta, que el gobierno presidido por Mireya Moscoso acaba de derogar.