Las Fuerzas de Defensa, el narcotráfico y Hugo Spadafora

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Dr. Celestino Andrés Araúz
Dra. Patricia Pizzurno

En julio de 1984, poco después de las elecciones, el Teniente Coronel y Secretario Ejecutivo del Estado Mayor de las FFDD Julián Melo Borbúa fue implicado en un caso de narcotráfico. Si bien Melo fue destituido, poco después se capturó en Miami un avión panameño de la compañía INAIR cargado de cocaína. También se conoció que poco antes miembros de los principales carteles de la droga se habían reunido en Panamá, con el visto bueno del General Noriega. Para entonces, ciertos sectores de los Estados Unidos tenían bajo la mira al militar panameño.

Igualmente, desde tiempo antes, el médico guerrillero y ex vice Ministro de Salud de Torrijos, Hugo Spadafora había comenzado a denunciar las actividades criminales de Noriega, entre las que se destacaban el tráfico de drogas y de armas, así como el lavado de dinero procedente de la droga. En septiembre de 1985, el cuerpo decapitado de Spadafora apareció en la frontera con Costa Rica, en momentos que Noriega se encontraba en Francia y el Presidente en Nueva York.

Presionado por la familia Spadafora y por la opinión pública para que se iniciara una investigación seria e independiente, Ardito Barletta declaró que nombraría una comisión especial. Pero Noriega ni sus secuaces estaban dispuestos a tolerar esta situación, de manera que el 27 de septiembre Ardito Barletta, de regreso de su viaje a Nueva York, fue obligado a renunciar. Asumió la presidencia Eric Arturo Delvalle, en medio de una de las peores crisis políticas que vivió el país.

Pero la familia Spadafora no se dio por vencida y se trasladó a Washington con el fin de alertar al gobierno de los Estados Unidos sobre la situación que se vivía en el país y con la intención de que se iniciara una investigación seria sobre las actividades de las FFDD. La suerte estuvo de su lado pues lograron interesar al poderoso Senador Jessee Helms, uno de los mayores detractores de los Tratados Torrijos-Carter. Helms propuso en el Senado que la CIA investigara las acusaciones vertidas contra las FFDD respecto al narcotráfico, venta ilícita de armas, blanqueo de dinero, violación de los derechos humanos y su participación en el asesinato de Hugo Spadafora.

El gobierno de Panamá recibió muy mal la noticia. El Presidente Delvalle calificó la medida como una intromisión injustificada en los asuntos internos del país, al tiempo que reiteró el apoyo irrestricto del Ejecutivo a las Fuerzas de Defensa. Pero era evidente que la buena estrella del régimen se había opacado y este era el principio del fin.

 

 


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