os sucesos del 9 de enero de 1964, en el contexto de la Guerra Fría, llevaron a Estados Unidos, temeroso, ante el avance de las ideas comunistas en nuestro país, a reforzar la ayuda a través de la Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz. En las elecciones realizadas en mayo de 1964 resultó electo Marco Robles, el candidato oficial, aunque una vez más quedaron flotando en el ambiente las denuncias de fraude realizadas por su contendiente Arnuflo Arias. El impacto de los programas de la Alianza para el Progreso redundó en beneficio de la economía nacional, pero también propició la corrupción al más alto nivel, al tiempo que acrecentó aún más la dependencia. El producto interno bruto (PIB) creció a un ritmo del 8% durante el bienio 65-67, y se reflejó en la mayor inversión pública y privada. Esta bonanza económica le permitió al gobierno acometer algunos programas interesantes. Entre ellos, el llamado Plan Robles dirigido a elevar el nivel económico de los campesinos, así como las mejoras en el campo de la educación. En 1966, el Presidente declaró que 1 de cada 3 balboas del Tesoro se destinaban al servicio de la Educación. Para apoyar al estudiantado se creó el Ifarhu con el fin de conceder becas y préstamos para la realización de estudios a todos los niveles, tanto en el país como en el extranjero.
Durante este período se concluyeron los trabajos de las hidroeléctricas La Yeguada y de Bayano. Se amplió la Zona Libre, se construyeron más de 6.000 viviendas para gente de bajos recursos y se aumentaron los sueldos a los empleados públicos. Pero también hubo protestas estudiantiles y represión por parte de la Guardia Nacional. Asímismo, se produjeron enfrentamientos entre el gobierno y el Comité Pro-Mejoramiento económico de los empleados públicos que arrojaron muertos y heridos.
Teniendo como marco este clima de descontento social, se llevaron a cabo las negociaciones y la firma de los Proyectos de Tratados Tres en Uno o Robles-Johnson. El primer documento abrogaba todos los anteriores tratados y establecía una administración conjunta del Canal de Panamá, que sería definitivamente entregado a nuestro país el 31 de diciembre de 1999. El segundo documento establecía la construcción de un Canal a nivel por el Darién, que pasaría a manos panameñas en el año 2.067.
El tercer documento era un Tratado de defensa del canal y su neutralidad. Pero estos pactos despertaron tantas críticas que, finalmente, la Asamblea decidió no tomarlos en consiedración.
Las pugnas políticas partidistas llevaron al Presidente Robles al banquillo de los acusados a comienzos de 1968. Una vez más, la Asamblea se constituyó en Organo Judicial, pues la Corte Suprema se encontraba en receso. Robles fue acusado de coacción electoral y se llamó al vicepresidente Max Delvalle a ocupar la presidencia. En esta oportunidad, la Guardia Nacional apoyó el Presidente y no reconoció a Delvalle. Aunque Robles fue hallado culpable por el Legislativo, la Corte Suprema no aceptó este fallo y lo restituyó en el poder.
Estas pugnas partidistas hablaban a las claras de la crisis del modelo, que no había logrado superar problemas que se venían arrastrando desde inicios de la República como el de la Educación y la Vivienda y tampoco había logrado crear un plan operativo de desarrollo. Para colmo, tampoco había superado las taras de la politiquería criolla con los ingredientes de la corrupción administrativa y el fraude electoral.
Todo ello, con el trasfondo de una perenne crisis económico-fiscal que sólo cedía, temporalemente, cuando los Estados Unidos se mostraban generosos.
Los candidatos para las elecciones de 1968 fueron Arnulfo Arias, Antonio González Revilla y David Samudio. Como siempre, el favor de la Guardia Nacional resultaba decisivo para inclinar el resultado. En consecuencia, el Comandante Bolívar Vallarino y el candidato Arnulfo Arias acordaron un pacto por el cual, la Guardia apoyaría su candidatura a cambio de que, una vez en el poder, no adoptaría ninguna medida contra el cuerpo armado. Como era previsible Arnulfo Arias fue elegido Presidente . Este tercer mandato sería el más efímero y su liquidación marcaría el el fin de una etapa y inicio de una larga dictadura en nuestro país.