uando en 1956 de la Guardia asumió la presidencia hizo énfasis en el hecho de que uno de los problemas más acuciantes era el de la educación nacional. Entre 1940 y 1950, la población en edad escolar había crecido en un número cercano a las 90.000 unidades. Sin embargo, el 38% no recibía instrucción. Ello creaba frustración e insatisfacción. Para hacer frente a esta situación se necesitaban 2.000 nuevos maestros, más de 300 escuelas y 16 millones de balboas. Sin contar, claro está, las medidas que se debían adoptar en el campo donde el absentismo alcanzaba índices elevadísimos. Pero ello no era todo. Según el primer mandatario había que tener en cuenta los pobres resultados obtenidos por la educación impartida, para lo cual era necesario revisar los planes y programas ; proveer los medios necesarios para la superación de los profesores en el aspecto intelectual; investigar hasta la raíz el funcionamiento de la Universidad y rectificar las deficiencias que se identificaran. Pese a estas buenas intenciones iniciales, en realidad el gobierno no adoptó medidas enérgicas para corregir la situación, sino hasta 1958 cuando El Panamá América comenzó a denunciar el mal estado de las escuelas. En mayo de este año, estudiantes, padres de familia y profesores de la capital y del interior marcharon hasta la Presidencia de la República para presentarle un pliego de peticiones al Presidente de la Guardia. El mandatario no pudo recibirles y fueron atendidos por el jefe de Relaciones Públicas, quien sólo permitió el acceso de un grupo reducido de representantes. El gobierno respondió que aunque carecía del dinero suficiente para atender todos los puntos contemplados en el pliego, sí repararía de inmediato el primer ciclo de Aguadulce que se encontraba en condiciones físicas deplorables.
Pero esta respuesta y principalmente, el hecho de que el Presidente no hiciera el esfuerzo por atender a la delegación, fueron mal recibidos. De manera que prosiguieron las protestas y se organizaron mitines frente a la Asamblea Nacional.
Por su parte, la Unión de Estudiantes de Panamá, solicitó una reunión con el Presidente para mediados de mayo, pero una vez más de la Guardia se negó a recibirlos. Esta situación agotó la paciencia de los estudiantes , quienes realizaron una gran manifestación, durante la cual fueron brutalmente reprimidos por el gobierno y el estudiante José Manuel Araúz resultó muerto. El 19 de mayo se realizó una marcha silenciosa de estudiantes y se le exigió al Presidente la renuncia del Ministro de Educación Víctor M. Juliao, así como de los Comandantes de la Guardia Nacional y el castigo para los culpables de la muerte del compañero. Entretanto, la prensa no cesaba de denunciar la actitud del gobierno. Aunque el Presidente rechazó las demandas del estudiantado, sí prometió que pondría en libertad a los compañeros detenidos. Insatisfechos con esta respuesta , la Unión de Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes de Panamá convocaron una huelga indefinida con el respaldo de algunos sindicatos obreros.
El 22, los estudiantes se desplazaron a distintos puntos de la capital y nuevamente se produjeron choques violentos con la Guardia Nacional, con el trágico saldo de decenas de heridos y ocho muertos. En respuesta, el gobierno suspendió las garantías constitucionales. Por mediación del Rector Jaime de la Guardia, los estudiantes refugiados en el Instituto Nacional fueron trasladados a la Universidad de Panamá. Ello permitió que en los días subsiguientes el movimiento perdiera fuerza y se diluyera.
Dentro de este contexto se llegó a la firma del llamado Pacto de la Colina
suscrito entre el gobierno y los representantes estudiantiles. Este documento planteaba el compromiso del gobierno para resolver la crisis de la educación y dar cumplimiento a las aspiraciones de los estudiantes. Para cumplir lo acordado se crearían nuevos impuestos que permitirían disponer del dinero necesario. Se acordó también el pago de indemnizaciones o compensaciones a las familias de los fallecidos y lesionados. Se estableció que los Comandantes de la Guardia Nacional serían nombrados y removidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Nacional, al tiempo que se establecían otras medidas para minimizar el poder del cuerpo armado.
El Pacto de la Colina puso fin a la violencia desplegada las semanas anteriores, pero de ninguna manera solucionó la crisis de la Educación Nacional.
Además, el Pacto no fue cumplido a cabalidad y la insatisfacción estudiantil siguió latente . En octubre, recrudecieron las protestas cuando el gobierno presentó reformas a la Ley Orgánica de Educación de 1946. La propuesta eliminaba la Comisión de Escalafón. Las protestas provocaron que el Ministerio de Educación ordenara el cierre temporal de todos los colegios secundarios. Ante la sospecha de que se guardaban armas en el Instituto Nacional, efectivos de la Guardia rodearon el edificio para allanarlo, pese a que en el interior se encontraban reunidos padres de familia, profesores y estudiantes. Fue gracias a la mediación de Carlos Iván Zúñiga, Ernesto Castillero Pimentel y Manuel Solís Palma que el Instituto logró ser abandonado en forma pacífica. El estado de insatisfacción y enfrentamiento persisitió y ello explica otros movimientos que se suscitaron en el país y en el que participaron activamente grupos estudiantiles.