José Antonio Remón Cantera: militarismo, oligarquía y Guerra Fría

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Dr. Celestino Andrés Araúz
Dra. Patricia Pizzurno

Desde los años 40, es indiscutible, que Remón era la figura más poderosa del país. Instalaba y removía Presidentes según su conveniencia y nada escapaba a su control. Había asumido la Comandancia de la Policía Nacional después de la salida de Rogelio Fábrega y había creado un cuerpo homogéneo, con una unidad monolítica, cuyos efectivos hacían gala de una lealtad absoluta hacia sus jefes. Se trataba también de un cuerpo todopoderoso, por encima del poder civil. Pero había más aún. Remón era el hombre que Washington necesitaba en Panama para llevar adelante, con mano firme, los lineamientos de la Doctrina Truman. Era el hombre ideal para gobernar en el contexto de la Guerra Fría en América Latina y los Estados Unidos no lo iba a desaprovechar.

El extraordinario poder cimentado por Remón le había granjeado enemistades también poderosas a lo interno del territorio nacional.

Además de ello, el país, como ya señalamos, transitaba penosamente por estos años de la posguerra. En el aspecto económico-fiscal la situación era de depresión y estancamiento, lo que naturalmente repercutía en la sociedad. El desempleo provocaba insatisfacción y desmoralización. Las huelgas, manifestaciones, y concentraciones estaban a la orden del día, al tiempo que las tibias medidas económicas que se adoptaban no alcanzaban a solucionar los graves problemas. Entretanto, Washington que había cancelado la ayuda económica a Panamá después del rechazo del Convenio Filós-Hines, observaba con atención .

En esta coyuntura llegaron las elecciones presidenciales de 1952, en las que se presentaron como candidatos, por una parte José Antonio Remón, y por la otra su primo Roberto Chiari. Arnulfo Arias proscrito políticamente no pudo postularse, pero candidatizó primero a Rodolfo Herbruger y después a Carlos N. Brin, aunque finalmente dio la orden a sus copartidarios que no se presentaran a votar.

El 11 de mayo, se celebraron las elecciones en las que obtuvo una aplastante mayoría el ex Comandante Remón. Sus vicepresidentes fueron José Ramón Guizado y Ricardo Arias Espinosa. Se institucionalizaba, de esta manera, el poder policíaco, al tiempo que se iniciaba en Panamá la Guerra Fría.

Con mano férrea, amordazando la prensa sacrificando las libertades individuales, acallando a la oposición y subyugando a los Poderes del Estado Remón le imprimió orden y estabilidad a la nación. Rápidamente, se percibieron los resultados, cuando la economía mostró un comportamiento positivo después de muchos años de estancamiento. Ello, claro está, sin olvidar que los Estados Unidos le tendió la mano. Mientras, en 1952, la deuda flotante se elevaba a once millones de dólares, para junio del año siguiente se había reducido a cinco. Se aumentaron los impuestos, principalmente el de la renta, se reformó el sistema tributario, se eliminaron los favoristimos y los sobornos y ,como es natural, la hacienda pública mostró signos de mejoría. También se creó el Paz y Salvo Nacional con el fin de detectar a los evasores fiscales.

Enemigo acérrimo de los comunistas, Remón logró que la Asamblea aprobara

la ley de los 45.000 adherentes que establecía que no se reconocería ningún partido o grupo político que no hubiese tenido como mínimo esa cantidad de votos en las pasadas elecciones. De esta manera, se aseguraba la unidad de la Coalición Patriótica Nacional que lo había llevado al poder y eliminaba otros partidos de tendencia izquierdista. Igualmente, se aprobó una ley antitotalitaria por la cual se proscribía al Partido del Pueblo. Ello le permitió deshacerse de los empleados públicos que comulgaban con la izquierda.

Una ley de diciembre de 1953 transformó, según los lineamientos impartidos por Washington, a la Policía en Guardia Nacional. Se incrementó su número, comenzó a ser entrenada y Estados Unidos le otorgó préstamos blandos para equiparla de armamento y pertrechos.

Ya en marzo de 1953, Remón le había hecho saber al Presidente Eisenhower su interés por efectuar una nueva revisión del Tratado canalero. Al igual que las reformas anteriores se buscaban fundamentalmente reivindicaciones económico-fiscales, aunque también se insistía en las desventajosas condiciones que mantenían los trabajadores panameños respecto a los norteamericanos en la Zona del Canal. El 25 de enero de 1955, poco más de veinte días después del asesinato de Remón, ambas naciones firmaron el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación con el documento adicional denominado Memorándum de Entendimientos Acordados, mejor conocido como Tratado Remón-Eisenhower.

Por el mismo se aumentó la anualidad del Canal a 1.930.000 dólares; se estableció que los comisariatos ya no abastecerían a las naves en tránsito; que sólo los norteamericanos residentes en la Zona podrían comprar en dichos establecimientos comerciales; los ciudadanos panameños que residieran en la Zona debían pagar impuesto sobre la renta a la República de Panamá; se le entregarían terrenos y edificios a Panamá, así como las tierras de Paitilla y la estación del Ferrocarril. En el aspecto social se asumía el compromiso de establecer condiciones laborales igualitarias en la Zona del Canal. A cambio, los Estados Unidos recibió autorización para realizar maniobras militares en Río Hato durante 15 años, lo que encajaba perfectamente con la política de la Guerra Fría, sin olvidar que el control de este sitio había sido una vieja aspiración de Washington. Asímismo es estipuló la redución del 75 % del derecho de importación de licores que se compraban en Panamá con destino a la Zona del Canal.

Pero Panamá también había realizado otras solicitudes que Washington no aceptó. Entre estas, cabe mencionar: que la bandera panameña ondeara junto a la norteamericana en la Zona del Canal; que se establecieran tribunales de justicia mixtos; la utilización de sellos postales panameños; el reconocimiento de los exequáturs otorgados por Panamá a los cónsules extranjeros; el cese de la concesión a perpetuidad de la Zona del Canal; el fin de una anualidad fija. Algunas de estas demandas adquirieron fuerza en los años subsiguientes y dieron origen a movimientos nacionalistas y estudiantiles que desembocarían en el 9 de enero de 1964.

Entretanto, como ya dijimos, Remón fue asesinado el 2 de enero a las 7 de la tarde en el Hipódromo Juan Franco. De inmediato, se ordenó la detención de sus enemigos políticos y se trató de incriminar a Arnulfo Arias. Igualmente, se detuvo al ciudadano norteamericano Irving Lipstein a quien se le realizó la prueba de la parafina con resultados positivos. Aunque en apariencia varias pruebas lo sindicaban como el autor material del hecho, diez días después quedó en libertad y abandonó Panamá. Después se comprobó que Lipstein había asesinado al gangster Bugsy Siegel.

La muerte de Remón llevó a la Presidencia al ingeniero José Ramón Guizado, quien a poco de asumir solicitó la colaboración de expertos extranjeros para resolver el magnicidio. A tal efecto, llegaron investigadores de Cuba, Venezuela y los Estados Unidos.

El 12, el abogado Rubén Miró Guardia confesó ser el asesino de Remón y dos días después, sindicó al Presidente Guizado como su cómplice y autor intelectual del crimen. Sin mayores pruebas en su poder, el gabinete en pleno le solicitó la renuncia al Presidente, pero Guizado no accedió. En su lugar solicitó una licencia para responder a las acusaciones. La Asamblea Nacional se opuso, asumió el control del caso y nombró una Comisión Investigadora. El Legislativo transformado, una vez más, en tribunal judicial halló culpable al Presidente Guizado y el 29 de marzo lo condenó a 6 años y 8 meses de cárcel. Sólo 8 de los 53 diputados encontraron que el Presidente era inocente. El tiempo demostró que Guizado no era culpable. Peor aún, nunca se encontró el arma asesina que era la clave para resolver el caso.

Sea como fuere, lo cierto es que desde varios meses antes del magnicidio corrían rumores por la capital que afirmaban que se estaba organizando un complot no sólo contra Remón, sino también contra Vallarino. Pero ninguno de los dos le dio mayor crédito. Después del asesinato se barajaron un sinnúmero de causas y posibles nombres de culpables, sin que nunca se llegara a demostrar nada en concreto. Se decía, por una parte, que el narcotráfico internacional estaba detrás de la muerte; también que la Guardia Nacional en combinación con un sector de la oligarquía había ordenado el asesinato, para impedir que Remón se reeligiera. Pero nunca dejaron de ser especulaciones. Entretanto, Miró quien, de alguna manera, estuvo mezclado en el magnicidio y, posiblemente, conocía a los culpables, se retractó durante el juicio de las acusaciones vertidas contra Guizado y denunció que había actuado bajo amenazas, pero la Asamblea se mostró reacia a investigar y por el contrario sí muy decidida a incriminar a Guizado.

Según el propio Guizado y sus abogados defensores Felipe Juan Escobar y Guillermo Márquez Briceño, se trató de un golpe de Estado a la panameña y reveló la profunda crisis de la oligarquía nacional.

 

 


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