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Calló la guerra pero subsisten sus raíces
Guatemala
ACAN-EFE
La guerra calló su funesta melodía de metales hace cuatro años, cuando el Gobierno y la entonces guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el histórico Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Ese día, saludado en el mundo y atestiguado en el país por ocho jefes de Estado y de Gobierno, así como por delegaciones oficiales de 30 países, terminaron más de tres décadas de enfrentamientos que dejaron cerca de 200.000 víctimas, muertos o desaparecidos. Sin embargo, la pobreza, la exclusión social, la discriminación racial, la injusticia, la desigualdad, el terror, el hambre, el analfabetismo y la enfermedad siguen latentes como raíces de una mala hierba que se resiste a morir. El balance de las acciones emprendidas a partir del 29 de diciembre de 1996 para alcanzar la paz es negativo y en términos cuantitativos equivale al 40 por ciento de los compromisos que las dos partes acordaron cumplir en los primeros cuatro años de la era de la posguerra. El 60 por ciento restante son las 119 metas que el Gobierno del presidente de la República, Alfonso Portillo, espera cumplir en el nuevo cuatrienio. Los frutos más evidentes de la paz son el silencio de las armas, la desmovilización de los 3.000 combatientes guerrilleros y su precaria reinserción, además de un clima de relativa estabilidad política que sirvió de marco para celebrar el año pasado elecciones generales. Por primera vez en la segunda mitad del siglo XX, que el secretario de la Paz, Gabriel Aguilera, calificó de "tormentoso", el espectro de las ideologías políticas, de izquierda a derecha, estuvo completo. Los demás logros no son percibidos por una población, que se muestra apática al proceso de pacificación y cuya mayoría (80 por ciento de los 11,5 millones de habitantes) vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que la extrema desigualdad en el ingreso incide claramente en el alto grado de pobreza. "Las personas afectadas por el desempleo, por precarias condiciones de trabajo o por un empleo de subsistencia suman más de dos terceras partes de la fuerza de trabajo", calculada en 3,5 millones de habitantes, señala el informe.
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