El Estado panameño debe de una vez por todas indemnizar a los familiares de las víctimas de la dictadura militar que gobernó al país, a partir de 1968.
El condicionar dicho reconocimiento al cumplimiento de una investigación interna, es tratar de escurrir el bulto de la responsabilidad. El adelantar sumarias sobre casos de desaparecidos es harto difícil, porque entre los militares involucrados impera un código de silencio, que hasta la fecha ha sido casi imposible de romper.
Hay ejemplos para enumerar. Todavía es un misterio lo sucedido con el sacerdote Héctor Gallego. A pesar de que hubo condenados, todavía no se sabe qué hicieron con los restos del religioso colombiano.
En el horrendo crimen perpetrado contra el ex viceministro y guerrillero Hugo Spadafora, también hay cabos sueltos. Igual sucede con los casos del dirigente de la izquierda Floyd Britton y de la estudiante Rita Wald y otros más.
Para nadie es un secreto que no ha existido química entre la Comisión de la Verdad y el Ministerio Público, para conjugar esfuerzos y aclarar muchos de los casos de las víctimas de la dictadura.
Reconocemos que para el actual Ejecutivo aborda el tema es algo delicado, pero no se puede esquivar la responsabilidad. ¡Hacerle justicia a esa gente es lo más sensato!