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El debate en torno a actualizar el derecho constitucional patrio, expresa la necesidad de nuevos paradigmas constitucionales o que es lo mismo, rediseñar los términos y condiciones como han de darse las relaciones o correlaciones entre el Estado-sociedad y los individuos. En el fondo de lo que se trata es de fijar y crear nuevas reglas de “autorregulación colectiva o comunicantes”, en tanto que las existentes, se han hecho viejas y cuyos desfases, se traducen en un creciente desgaste de la legitimidad de las instituciones jurídica-política, peligroso, en tanto que enervan, y debilitan el Estado de derecho y la democracia. Dentro de este contexto, las siempre presentes tentaciones autoritarias, dejan de ser tales y los abusos, arbitrariedades, la corrupción, la falta de transparencia se convierten en el pan nuestro de cada día.
Este proceso degenerativo tiende a ser más agudo en tanto que se levanta sobre una estructura administrativa estatal que adolece de sentidos y propósitos nacionales. Parafraseando al politólogo René Zavaleta Mercado, estamos frente a un “estado mediatizado por un acentuado prebendalismo”, que en el caso panameño se caracteriza por la conformación de núcleos, donde resalta el amiguismo, el compadrazgo, la parentela, etc. En esas circunstancias, lógico que el Estado devenga antiético y hasta inmoral.
Desde la perspectiva anterior, resulta entonces imperante que el cambio dirigido hacia nuevos equilibrios sociales, venga de los que precisamente se presentan como los destinatarios o usuarios de los desfases institucionales-subjetivos mencionados. Esto nos lleva al tema de las vías o del procedimiento más legítimo y democrático para construir los nuevos paradigmas constitucionales. Evidentemente, en el marco de un Estado caracterizado como antiético y bastardo, la iniciativa debe provenir de la sociedad civil.
Pero mientras esta no haga conciencia de esta necesidad, hay que tener mucho cuidado con la manipulación burocrática estatal y partidaria del tema del cambio constitucional. En un ambiente donde la sociedad civil, los ciudadanos, hacen énfasis en los contenidos materiales de la democracia, lo más seguro, que la cuestión constitucional (que no deja de ser importante para la democracia), se subalternaliza como problema nacional. Tal vez dentro del marco de una gobernabilidad distinta en sus alcances democráticos-participativos, la cuestión constitucional adquiera la envergadura y la importancia, que desde el punto de una democracia remozada, resulta necesaria.
En un escenario como tal, cualquier iniciativa del cambio o de los paradigmas constitucionales, debe ser observado con sospecha. |
