La ley 31 de 1995 denominada "Ley de Protección a las Víctimas del Delito", le impone al Ministerio Público la obligación de tutelar los intereses de la parte más débil dentro del proceso penal, la víctima, sujeto procesal hasta ese entonces desprotegido, indicó Edwin Guardia, Jefe de la Oficina de Quejas de la Policía Técnica Judicial.
Con el correr del tiempo surge la Ley 38 de 1997, mediante la cual se crea el Centro de Aistencia a Víctimas, que tiene como objetivo primordial el brindar una asistencia multidisciplinaria a las víctimas del delito, manifestó el funcionario.
