Tras los billonarios rescates de bancos y corporaciones financieras en Estados Unidos y la Unión Europea (rescate de ricos para pagar dividendos como se reconoce impúdicamente en medios informativos), llega el turno de ayudar a empresas medianas y pequeñas, a los ciudadanos de a pie. Para reactivar la economía real, en Estados Unidos anuncian que se dedicarán 800.000 millones de dólares y 130.000 millones en la UE. Veremos hasta donde es cierto. Pero a la espera de comprobarlo, no podemos demorar empezar a hacer justicia.
Porque es tiempo de averiguar las responsabilidades de los provocadores de la crisis; inductores, ejecutores, cómplices o encubridores. ¿Por qué sí juzgar y condenar a quien vende marihuana, por ejemplo (cuyas consecuencias negativas son aleatorias y no siempre dañinas) y no juzgar y condenar a los responsables del especulativo aumento del precio de los alimentos que ha incrementado los millones de hambrientos y, por tanto, el número de enfermedades y muertes por desnutrición?
Es tiempo de establecer con rigor las responsabilidades de la crisis que tanto sufrimiento, dolor y muerte han causado, y causarán. Y llevar a los responsables ante la justicia.
Debe ser así, si queda algo de vergüenza democrática, porque la perpetración de la crisis y sus consecuencias (que aún no se sabe hasta donde llegarán) han resultado ser sobre todo una global y masiva violación de derechos humanos de cientos de millones de ciudadanos del mundo. Violación de sus derechos económicos y sociales, que también figuran en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Excesivo? El artículo 25 de la Declaración dice que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Y nada de no ser legislación invocable, porque lo es.
Varios artículos de la Declaración Universal dejan claro lo exigible a que se tiene derecho para llevar una vida digna. "Toda persona tiene derecho a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad", resume el artículo 22.
Esta crisis es justo lo contrario. La exacerbación de un sistema (el neoliberal), profundamente injusto y estúpidamente suicida con muchas víctimas. Y, puesto que las personas tenemos esos derechos, quienes los violen deben responder. Como afirman en Amnistía Internacional, "la pobreza no es una cuestión de economía sino de derechos humanos". Y esta crisis dolosa ha incrementado obscenamente la precariedad, la inseguridad económica y la pobreza.
