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Ernesto Pérez Balladares  |
El exmandatario Ernesto Pérez Balladares rompió su silencio y negó todas las acusaciones hechas por el contralor Alvin Weeden en torno a su supuesta vinculación a un acto de corrupción que le costó al Estado panameño cerca de B/.18 millones.
Pérez Balladares rechazó ser tenedor de acciones de la empresa Ports Engineering & Consultans Corp. (PECC) y aseguró que el contrato de esa compañía firmado en 1997 con la Autoridad Marítima, nunca fue aprobado en Consejo de Gabinete.
Según Pérez Balladares, el contralor Weeden está poniendo en peligro la institucionalidad democrática del país e hizo un llamado a la presidenta Mireya Moscoso, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a las autoridades del Ministerio Público para que impidan que "un hombre descontrolado y lleno dé pasiones políticas desbocadas de al contraste con la paz y convivencia tranquila de los ciudadanos".
Sostuvo que las acusaciones de Weeden sólo pueden responder a que "no es un hombre en su sano juicio, o quizás esté bajo la frustración por no haber sido nombrado el candidato presidencial del oficialismo".
Indicó que "al no haber participado en el otorgamiento del contrato, ni habiendo recibido ningún dividendo, es falsa la acusación del contralor Weeden y miente al decir que hubo corrupción de mi parte como presidente de la República en el otorgamiento del contrato".
El ex mandatario acusó al Contralor de actuar al margen de la ley y de haber tomado acciones que le corresponden a otros organismos del Estado, de haber violado su presunción de inocencia y haber vapuleado su honorabilidad ante el mundo.
En su defensa, el ex presidente aseguró que el cheque que enseña Weeden como su prueba, es un cheque de la recaudación de fondos que se inició meses antes de la preparación para la campaña por cambios constitucionales, que culminó con la celebración de un referéndum.
Por su parte, Weeden aseguró que continuará con las investigaciones de lesión patrimonial, ya que para los proceso patrimoniales de Contraloría nadie es inmune.
Indicó que los señalados en este caso tienen el derecho a defenderse, pero reveló que las pruebas que ha recabado la Contraloría son contundentes y demuestras la comisión de un delito en detrimento de los intereses del Estado. |
