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La Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio en base a una publicación, que reporta la negativa de algunas autoridades de Estado de revelar información referente a los asesores contratados y el monto de sus salarios.
Un comunicado de la Defensoría, sostiene que el proceso de investigación se fundamenta en el derecho que tiene todo ciudadano de tener acceso a la información pública y con el objetivo de garantizar la transparencia en la Gestión Pública.
Ante esto solicita a todas las instituciones públicas que conforme a la Ley Nª 6 del 22 de enero del 2002 que dicta las normas para la Transparencia en la Gestión Pública, proceda a publicar las contrataciones realizadas por servicios profesionales en los términos establecidos en la citada ley y la introducción de dicha información en el Nodo de Transparencia en la Gestión Pública de la Defensoría del Pueblo. |
