Debido a que los procesos judiciales que enfrentan las víctimas y familiares de la tragedia del 23 de octubre van a paso lento, ayer, miércoles, le solicitaron al arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, su mediación para buscar una alternativa para obtener del Estado una ayuda humanitaria o indemnización.
El abogado Víctor Martínez acompañado por miembros del Movimiento 23 de octubre entregaron una carta a Cedeño para que sea el mediador entre las víctimas y el Ejecutivo, ya que no ven solución a las demandas económicas interpuestas contra el Estado que permanecen en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco en la apelación que se mantiene en el Segundo Tribunal de Justicia.
Martínez explicó que el arzobispo les comunicó su interés en participar en una mesa amigable de negociación con el Ejecutivo, aceptando la propuesta al sostener que considera correctas la búsqueda de una solución, siempre y cuando la acepte el presidente de la República, Ricardo Martinelli.
El pasado viernes 22 de octubre fueron recibidos en la Presidencia de la República 7 miembros del Comité 23 de Octubre y 3 abogados, pero al final de la conversación con Martinelli, se les señaló que el Estado no tiene responsabilidad en el accidente donde murieron calcinadas 18 personas y dos quedaron afectados de por vida.
Además se les comunicó que el Ejecutivo respeta los poderes del Estado, y prefieren esperar lo que decida la Corte Suprema de Justicia.
Las víctimas y sobrevivientes de las personas fallecidas interpusieron unas 14 demandas contra la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre.
El magistrado Harley Mitchell, presidente de la Corte, quien recibió la semana pasada a los familiares de las víctimas y sobrevivientes del incendio del bus 8B-06, señaló recientemente que la justicia tendrá que hacer un esfuerzo supremo con carácter de urgencia para atender los casos de las víctimas del 23 de octubre.
Pidió la agilización de los casos.
JUSTICIA LENTA: TRES PROCESOS
El 23 de octubre se cumplieron tres años de la tragedia en La Cresta. El informe presentado indica que al menos 10 casos se encuentran en práctica de pruebas y en fase de alegatos en los despachos de los magistrados Víctor Benavides, Adán Arnulfo Arjona y Winston Spadafora y de su suplente Jacinto Cárdenas.
