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Suspenden proceso para que Puerto Rico vote por presidente de EEUU
Agencias
Internacionales
El proceso destinado a poner en vigor una ley que hubiera permitido a los puertorriqueños votar por el presidente de los Estados Unidos quedó suspendido temporalmente por el Tribunal Supremo de la isla, según se anunció aquí. La suspensión se mantendrá mientras el tribunal resuelve los méritos de los dos casos radicados ante ese foro. El tribunal ordenó además que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), encargada de administrar el proceso electoral, se abstenga de seguir organizando el proceso para elección presidencial, dispuesto en una ley para el voto presidencial aprobada por la Asamblea Legislativa. La asamblea está controlada por el anexionista Partido Nuevo Progresista. La decisión del máximo tribunal, emitida anoche, prohibe el uso de los recursos, equipos, propiedades muebles o inmuebles, empleados y funcionarios adscritos a la CEE, así como la contratación de cualquier personal adicional, para poner en vigor la referida ley. También se prohibe a la CEE contraer obligaciones económicas o hacer erogaciones de fondos públicos a los fines señalados. El proyecto en cuestión habría permitido que 2,4 millones de electores de Puerto Rico ayudaran en la decisión electoral entre el demócrata Al Gore y al republicano George W. Bush. El congreso dio la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños en 1917. El territorio tiene 3,5 millones de residentes. Los puertorriqueños que se mudan al territorio continental estadounidense pueden votar en las elecciones presidenciales. Aquellos que se mudan del continente a Puerto Rico no pueden votar. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, sostiene que "el argumento es que votar en una democracia, en particular en Estados Unidos, es un derecho fundamental de la ciudadanía". Si la corte hubiera fallado en favor de permitir a los puertorriqueños el voto en las elecciones el 7 de noviembre, Puerto Rico tendría ocho votos electorales, el mismo número que el estado de Connecticut dijo Rosselló. "Desde el punto de vista político, dar ocho votos electorales a Puerto Rico podría marcar la diferencia en las elecciones del 2000", dijo el gobernador. El Partido Independentista Puertorriqueño había impugnado la ley alegando, entre otras cosas, que esa elección no constituía un fin público, como fue resuelto en 1980 por el propio Tribunal Supremo en otro caso de primarias presidenciales. El senador del opositor Partido Popular Democrático, Eudaldo Báez Galib, que también impugnó la ley, declaró anoche que con la paralización se evita el gasto de fondos públicos mientras se resuelve el caso. El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan R.Melecio, se disponía ayer a suspender una campaña de medios que promueve la participación de electores en esa votación, así como otras gestiones administrativas relacionadas con el proceso. El tribunal dio al gobierno tres días de plazo para que exponga sus argumentos en el caso.
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