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El tira y jala legal entre dos órganos del Estado respecto al escándalo de corrupción en torno al CEMIS siguió su curso ayer, cuando el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, presentó una demanda administrativa ante la Sala Tercera- Corte Suprema de Justicia.
A criterio de Sossa, no tiene validez legal la nota expedida por el Presidente de la Asamblea Legislativa "y por tanto, ni el Procurador General de la Nación ni su suplente están obligados a comparecer a la Asamblea Legislativa para contestar un cuestionario referente a un proceso penal que se instruyó contra miembros de ese Organo del Estado".
En parte del recurso, el Procurador alega "que el Ministerio Público no está sujeto a control político alguno, debido a que en base al principio de independencia judicial se proscribe cualquier tipo de presiones, influencias, coacciones e intromisiones sobre quienes ejercen la acción penal".
Considera indispensable preservar la independencia de los miembros del Ministerio Público, pues sus cargos "son incompatibles con toda participación en la política, salvo la emisión del voto en las elecciones". |
