Las personas que por razones de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y
o culturales, encuentran dificultades para ejercer con plenitud sus derechos, tendrán facilidad y mejores oportunidades con la creación de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial.
Dicha Unidad, nace del compromiso y la responsabilidad que se debe cumplir con lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley, y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, del cual Panamá está suscrito, indicó el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ) Harley James Mitchell.
La coordinadora del proyecto la vicepresidenta de la CSJ Esmeralda de Troitiño, dijo en su intervención que "será un organismo permanente de estudio, investigación, evaluación, monitoreo y rendición de cuentas en la búsqueda de superación de los obstáculos, el cual se presentan para un efectivo acceso a la justicia en la promoción de la igualdad, inclusión y equidad de género en el sistema judicial".
Por su parte, la magistrada Anabel León Feoli, presidenta de la Sala Primera del Poder Judicial de la República de Costa Rica, manifestó que el acceso a la justicia es un derecho de primera generación, porque es "difícil vivir si las puertas de acceso a la justicia para los más vulnerables están cerradas".
La Unidad de Acceso a la Justicia y Género se enfocará en la atención de los grupos vulnerables, que requieran conocer sus derechos ante el sistema judicial, es decir, si necesitan una orientación con respecto a sus procesos judiciales, pueden acudir a los servidores judiciales, que estarán en esta oficina físicamente ubicada en el edificio 725 de Balboa.
Se adoptarán medidas orientadas hacia el cumplimiento de una política pública de acceso a la justicia, inclusión, equiparación de oportunidades e igualdad de género que garantice la paz, la convivencia democrática y la solidaridad humana.
La Unidad contará con una comisión de alto nivel, que estará integrada por tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y presidida por un coordinador escogido entre ellos, que debe facilitar el acceso efectivo a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, a través de medidas efectivas; una secretaría técnica, la cual debe impulsar asesoría y capacitación, y la elaboración de indicadores, que permitan evaluar la efectividad de los servicios judiciales; además contará con comisiones provinciales o comités de apoyo integrados por funcionarios judiciales comprometidos con estos temas.
