La democracia se sostiene con la existencia de los partidos políticos, y la aspiración ciudadana es que el sistema y la clase política sean mejores; sin embargo, parece que esta realidad no se concreta en nuestro país, donde durante los torneos electorales participan colectivos que luego desaparecen sin pena ni gloria, a pesar de la millonaria inversión del contribuyente para subvencionarlos.
Desde 1999 hasta la fecha, los partidos políticos han recibido unos 35.6 millones de balboas de subsidio electoral que podrían llegar hasta los 69.3, si la Asamblea de Diputados no elimina este financiamiento. El fondo estatal destinado a esta contribución es equivalente al 1 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno central.
Con este aporte gubernamental se provoca una lucha por dominar las direcciones de los partidos políticos que terminan por convertirse en cuevas de hibernación durante cinco años para los que pierden el poder. De todo esto, lo que más molesta a la ciudadanía es el uso incierto de ese recurso, ya que no existe forma de conocer cuál es su destino.
Uno de los principales objetivos de la entrega de estos fondos era evitar que el capital privado, con intereses específicos o acaso dineros provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico, financiaran campañas electorales; sin embargo, con la existencia del subsidio es cuando más se han detectado estas donaciones al margen de la ley.
Creemos que la propuesta del presidente Ricardo Martinelli de que el Tribunal Electoral dé la capacitación a los integrantes de los partidos políticos y asuma el pago moderado de los alquileres de los locales que ocupen es una idea que para nada tiene apariencia de radical. Lo que sí es cierto es que hay mucha corrupción en el manejo de los recursos otorgados por el Tesoro Nacional destinados a los partidos.
