A pesar de que el Estado ha impulsado diversas medidas a fin de solucionar la crisis del sistema penitenciario panameño, aún persisten las violaciones a los derechos humanos de los reclusos, así lo manifiesta un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
El hacinamiento, infraestructuras inadecuadas, violación del derecho a la salud, a la seguridad e integridad personal y la mora judicial son los problemas más críticos de esta problemática, sustenta la nota.
De acuerdo con las estadísticas, las cárceles de la ciudad capital presentan un índice de hacinamiento de 148%. La población penal al 8 de septiembre de 2008, asciende a 10 mil 570 personas a nivel nacional, de los cuales 6 mil 876 se encuentran en las cárceles localizadas en la Provincia de Panamá.
En Panamá, por cada 100 mil habitantes hay 352 personas detenidas, lo que representa el índice más alto de América Latina per cápita.
Informes de la Defensoría revelan que hay 397 quejas referentes al derecho a la salud, y 128 denuncias son por supuestas afectaciones al derecho a la vida, la seguridad e integridad personal de algunos detenidos. De este último total, 18 quejas han sido conocidas y tramitadas ante el Ministerio Público por considerarse como posibles hechos constitutivos de delitos y 79 quejas fueron cerradas con recomendaciones a las autoridades competentes.
