El ministro de Comercio, Alejandro Ferrer, pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que declare nula la Resolución No. 14 de 13 de mayo de 2002 dictada por su antecesor que equiparó el contrato de Panama Ports, exonerando a esa empresa del pago estimado de B/.1,300 millones.
A juicio de Ferrer, la equiparación fue aplicada de manera indebida.
A juicio del ministro, la licitación para privatizar los puertos de Balboa y Cristóbal buscaba adjudicar la misma al proponente que ofertara el canon de arrendamiento más alto.
Eliminar a través de "una equiparación ese canon de arrendamiento carece de toda lógica y convertiría al proceso en ilusorio y crearía un ambiente de inseguridad jurídica para todos los proponentes de licitaciones con el Estado", añadió el funcionario.
