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Hace cuatro días, el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, realizó un breve seminario con algunos representantes del medio para informar acerca de los problemas que aquejan a este órgano del Estado y “aclarar” percepciones sobre el papel que juega esta entidad en la comunidad panameña.
Se insistió mucho en que la mora judicial y la falta de atención de demandas son algunos de los problemas que trata de resolver la Corte Suprema para bien del país.
Vale la pena mencionar lo que dijo el presidente de la Corte Suprema sobre el tema de la inclusión de figuras políticas dentro de la entidad judicial. Según el magistrado Arjona, cuando los partidos políticos eligen a los sucesores principales de la Corte Suprema, las entidades partidistas “se sujetan a las normas del Órgano Judicial”, entendiéndose que los intereses políticos se apartarán de la mente de los nuevos designados.
Por desgracia, casi nadie en Panamá cree semejante precepto: Puesto que en nuestro país las actitudes y el actuar de los dirigentes del Estado se rigen por intereses particulares determinados, lo que el público en general entiende es que se nomina a un candidato a magistrado para asegurar posiciones claves y proteger intereses creados.
Por ejemplo, si la Presidenta Mireya Moscoso nomina a dos ex ministros de Gobierno y Justicia para que sean candidatos a un puesto de magistrado en la Corte Suprema, lo lógico sería pensar que el Partido Arnulfista está consolidando puestos estratégicos en la curia judicial, antes del fin de este gobierno en el año 2004.
El Órgano Judicial debe “depurar” esa imagen polémica que genera desconfianza en la población. Incertidumbre que luego se trasciende en que el público evitará confiar en la justicia para dirimir los problemas de forma transparente.
También es criticable lo que dijo un funcionario del Órgano Judicial, que achacó a los periodistas el desprestigio de la institución de justicia. Es más, hasta hace responsables a los medios de un posible contubernio por los datos que dé “otra entidad judicial pública”, luego que el periodista publique la información en los diarios.
Recordemos que los periodistas y los medios son meros mensajeros de la información. Claro, depende de los reporteros el confirmar la veracidad de los datos y hacerse responsables del contenido de la noticia. Pero eso no significa que hay que meter presos a los periodistas por algo que dijo otra persona. ¿No se supone que existe la libertad de prensa en Panamá?
Esperemos que este Órgano del Estado logre generar la confianza general de los ciudadanos, que se adecente administrativamente esta institución y que se aparte la política en la forma de elegir a los magistrados. No puede ser que habiendo muchos buenos especialistas de la rama del derecho, no se considere la nominación de las mejores fichas, como ocurrió en su momento con el mismo magistrado Arjona, puesto para el que no se tiene el voto de los legisladores del Parlamento y no tengo amistades con el poder partidista instaurado. |
