La información, se ha transformado en un bien que condiciona la existencia democrática de los países. Es por eso que además de las manifestaciones públicas de los periodistas, contra las demandas interpuestas por el magistrado Winston Espadafora, se hace necesario un continuo debate sobre los pilares de la profesión.
Los temas como la libertad de expresión, las relaciones entre el órgano judicial y la prensa y entre información y verdad, son sólo ejemplos.
La verdad que tiene un interés público, exculpa a la prensa. Intentar castigar al periodista por no decir totalmente la verdad, sin considerar que fue una versión razonable del hecho y basado en fuentes confiables, es un atentado contra la libertad de expresión.
Años atrás, ante una acusación que se le hiciera al New York Times, la Corte de los Estados Unidos, sentenciaba que obligar a los críticos de la conducta oficial, a garantizar la verdad de todos los hechos que alegan, conduce a una autocensura.
A los periodistas profesionales, les resulta esencial tener esta libertad de analizar y divulgar sus investigaciones. Esta extrema prudencia que algunas autoridades intentan imponer en las tareas de los medios de comunicación, es mucho menor cuando se trata de servidores públicos.
Los periodistas no pueden ser obligados a que verifiquen exhaustivamente, todos los aspectos de la información, tal como lo haría una oficina legal especializada. Significaría que los medios sólo podrían divulgar las informaciones superficiales y sociales.
Los errores o la falta de precisión de las informaciones, son irrelevantes si los hechos sucedieron en lo sustancial, tal como fue informado.
Sería interesante analizar las actividades de los otros profesionales, para ver cuántas de sus decisiones se toman sólo sobre la base de los antecedentes disponibles y los procedimientos respectivos.
