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La empresa privada salvadoreña afirmó ayer que la resolución de un juez de liberar de juicio a cinco personas, entre ellos un "ex comandante" guerrillero, acusados de participar en los secuestros de cuatro empresarios y un adolescente, entre 1991 y 1995, es "un nuevo incentivo a la delincuencia".
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), en un comunicado, expresa su "enérgica protesta" por resoluciones como la del Juez Primero de Instrucción de Nueva San Salvador (Santa Tecla), David Posada Vidaurreta, que "constituyen mensajes alentadores para los delincuentes, cuyos actos quedan generalmente impunes".
Posada Vidaurreta liberó de juicio el martes pasado, bajo el argumento que no existen pruebas suficientes, a Raúl Granillo, Alejandro Díaz Soriano, Oscar Armando Bernal, Mauricio Ernesto Martínez y Nelson Efraín Guzmán, acusados de planificar y ejecutar los secuestros.
Sin embargo, envió al banquillo de los acusados a Diego Flores, Angela Carrillo Flores y Angela Carrillo Palacios, acusados de complicidad, el primero por vigilar el lugar donde se mantenía a las víctimas y a las segundas por ser las encargadas de proporcionarles la alimentación.
Todos los imputados guardan prisión, excepto Raúl Granillo, conocido en las filas del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como "comandante Marcelo", uno de los dirigentes de las extintas Fuerzas Armadas de Liberación (FAL), que fue el brazo armado del Partido Comunista.
Granillo se encuentra prófugo desde 1997 cuando se presentó por la denuncia, mientras que los demás acusados fueron remitidos por la policía al Juzgado Primero de Instrucción de Nueva San Salvador, ya que en su jurisdicción fueron cometidos los secuestros.
Todas las personas estaban acusadas de los secuestros de los empresarios Guillermo Sol Bang, Kerim Eduardo Salume, Alberto Harol Hill Dutriz, Nelson Oswaldo Machuca y el adolescente Andrés Súster, hijo de un prominente miembro de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha).
La empresa privada pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia investigar y sancionar a los jueces que "reiteradamente emiten resoluciones que atentan contra la seguridad jurídica y ciudadana, que afectan a todo un país, constituyendo una burla a la institucionalidad y al marco del estado de derecho". |
