Una guerra judicial se ha desatado en el ámbito portuario. Ahora el procurador José Antonio Sossa ha dicho que es inconstitucional el artículo 2 de la Ley No.12 de 3 de enero de 1996, que aprobó el contrato con la Evergreen y estableció una cláusula de equiparación, que luego fue utilizada para condonar B/.1,500 millones a la Panamá Ports Company.
La procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher promovió ante la Corte Suprema de Justicia, una acción de inconstitucionalidad contra dicho artículo.
Sossa al emitir su opinión sostiene que la equiparación viola los artículos 2, 153 y 157 de la Carta Magna.
Ayer se informó que existe un proyecto en la Sala Tercera de la Corte, que declara la exoneración otorgada a Panamá Ports.
