Los trabajadores que no firmaron el finiquito con el Ejecutivo para llegar a un acuerdo con el gobierno, mantendrán su posición y volverán a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para que se les otorgue la totalidad de los que se les adeuda por ser despedidos mediante la ley 25 de 1990, la cual fue implementada en la gestión de Guillermo Endara.
En el momento en que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) anunciaba con beneplácito que el 75% de los afectados por esta ley habían llegado a un acuerdo con el Ejecutivo por un monto de 21.9 millones de dólares, un grupo de trabajadores afecados por dicha ley, se acercaron a la sede de esta organización y dejaron sentado su rechazo ante este medida y solicitaron el pago completo del dinero que se les adeuda, el cual calculan que supera los 60 millones de dólares.
Eric González, uno de los afectados, criticó que un grupo de los afectados por esta ley, y quienes desde 1994 trabajan en el Estado son los que han llegado a este acuerdo, sin tomar en cuenta los reclamos de las personas que en efecto, han venido protestando para que se les haga justicia.
