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Esta iniciativa -que contempla sanciones morales a los infractores  |
La celebración de debates públicos de los programas de gobiernos, la no utilización de los recursos del Estado para proselitismo y la prohibición de publicaciones de encuestas dirigidas a manipular la opinión pública, son algunos de los compromisos adquiridos por los presidentes de los partidos políticos, luego de la firma del Pacto Etico Electoral.
Esta iniciativa -que contempla sanciones morales a los infractores- surgió del Comité Ecuménico de Panamá y fue firmado por los candidatos Martín Torrijos, José Miguel Alemán y Guillermo Endara, los cuales se comprometieron a cumplir dicho pacto en presencia de la mandataria Mireya Moscoso, de los magistrados del Tribunal Electoral y representantes de las iglesias del Comité Ecuménico.
Para Martín Torrijos, el acuerdo suscrito debe detener los insultos de los que ha sido objeto las últimas semanas y debe servir para convertir a la clase política en docentes del proceso electoral y no calumniadores en potencia.
"Yo he sido calumniado en varias ocasiones, pero tengo la esperanza que de ahora en adelante la campaña presidencial sea un debate de ideas y no de ataques personales", señaló.
Según Guillermo Endara, este pacto lo obliga a tener que "cambiar algunas palabritas" que utiliza para referirse a denuncias de corrupción en donde se reconoce la complicidad de algunos funcionarios.
En el caso de José Miguel Alemán, éste se comprometió a mantener una campaña de altura y de propuestas para lograr el desarrollo integral del país. El candidato del Partido Arnulfista negó que este pacto quede en letra muerta y dejó clara su disponibilidad de acatar lo acordado.
Entre los compromisos adquiridos, la dirigencia política se compromete a ser vigilantes de la independencia del Tribunal y la Fiscalía Electoral en el orden financiero, jurisdiccional e institucional.
Igualmente, convinieron la disponibilidad de celebrar debates que expónganlas soluciones a los problemas del país y dejar a un lado la diatriba y los ataques personales.
Además se acordó velar para que las instituciones judiciales y policiales no sean utilizadas como mecanismos de persecución o represión. |