El escándalo en torno a las llamadas celdas de lujo en los diversos centros penitenciarios, es una responsabilidad compartida entre instancias del Ministerio de Gobierno y la Policía Nacional. Uno es responsable del control administrativo de las cárceles del país y el otro de la seguridad.
Alegar excusas y echarse la culpa unos a otros, es pretender agarrar de tontos a la sociedad panameña. Para colocar azulejos se requiere una movilización de diversos materiales de construcción y albañiles, por lo que hubo que otorgar visto bueno de ingreso en diversos perímetros. Lo concreto es que todos sabían, pero como se destapó el tamal, tratar de escurrir el bulto.
Los funcionarios deben entender que la época en que se tapaban las cosas ya pasó. Si alguien hizo algo indebido tendrá que asumir las consecuencias de sus actos.
Comprendemos que las cárceles del país están en condiciones deplorables, pero tampoco se puede permitir la conversión de algunas celdas en resorts, mientras el resto de los reclusos viven en la miseria.
Nadie puede explicar cómo si cada vez que alguien le lleva una comida a un familiar preso le revisan hasta la sopa, las remodelaciones en La Joyita y el ingreso de televisoras, computadoras y otros electrodomésticos, hayan realizado e ingresado sin mayor dificultad.
Así las cosas se requiere una adecuada investigación y establecer verdaderos controles en el Sistema Penitenciario con auditorías esporádicas y sorpresivas para detectar las fallas, de lo contrario evidentes casos de corrupción como el registrado en La Joyita, se repetirán nuevamente en otras prisiones.