PUESTA EN ESCENA
Artistas sin protección
Auerelio Paredes
Cuando ocurrió el
drástico cambio político-social en 1968, la cabeza de gobierno
ordenó que la entidad cultural subvencionara a todos los grupos culturales
de importancia. Pocos años después con esta premisa, el profesor
Jaime Ingram, primer director general del INAC fundó con bases muy
frágiles, la Compañía Nacional de Teatro. Esta con
un elenco de categoría funcionó en siete obras hasta que el
administrador de la institución le informó al jefe que este
"jueguito" le costaba a la institución ocho mil dólares.
Don Jaime, quien tenía muy buena intención, se vio abrumado
y vencido por los números y decapitó la recién nacida
compañía de teatro. Nuevamente quedamos a la par de Haití,
el país más paupérrimo del área. Eso es cultura.
Hasta el día de hoy, permanecemos ante los ojos del gobierno y de
los que tienen que ver con este rubro, huérfanos.
El 10 de enero de 1980 luego de grandes batallas y algunas luchas, los
artistas conseguimos que nos promulgaran el decreto No. 1 del 10 de enero
donde se protege a los artistas nacionales por el desplazamiento que sufre
en consecuencia con los comerciales extranjeros de televisión, este
mismo decreto obliga a beneficiar a la Escuela de Comunicación Social
de la Universidad Nacional con el 45 por ciento del mismo. El Instituto
Nacional de Cultura recibe el 45 por ciento para redistribuir en la Escuela
Nacional de Teatro, la Escuela Nacional de Danzas y la Escuela Nacional
de Música; este renglón ayudaría a sobrellevar las
tareas de importancia y donde el INAC no podría cubrir por lo exiguo
del presupuesto que se destina a esa institución.
A todo esto se adiciona que el decreto se realiza con el propósito
de que las compañías nacionales se interesen en formalizar
equipos de doblaje y producción, pero a pesar de los casi veinte
años nos quedamos en seguir recibiendo el mensaje de las transnacionales
en video y audio en detrimento de los artistas nacionales.
El jueves 18 de junio nos sorprenden con un decreto que modifica casi
en su totalidad los decretos anteriores dejando al libre albedrío
a la UNAP y al INAC sólo beneficiándose la Universidad Nacional
y el Ministerio de Gobierno y Justicia. El sindicato de artistas se puso
en guardia y ya ha autorizado una campaña por medio de la prensa
y también solicitud al señor Presidente para poder ponerle
en autos de lo que estamos seguros no ha podido escuchar de buena forma.
Los que nos agitamos en esto queremos conversarle sobre la verdadera intención
del decreto en su origen y lo que hacemos los artistas panameños
para sobrevivir con dignidad. Nos parece que el Ministerio de Gobierno y
Justicia maneja un presupuesto anual y no es necesario que se le otorgue
la mitad de un impuesto a publicitarias fuera del presupuesto nacional.
En entrevista con el radiodifusor Andrés Vega, éste nos comentó
que personas que malquieren a la UNAP decían que la directiva recibía
beneficios de este impuesto y que con seguridad este mismo tema llegó
en el mismo canal al señor Presidente, extrañamente sin escuchar
las partes afectadas. Sólo nosotros sabemos las vicisitudes que tenemos
que pasar para llegar a realizar seminarios o talleres de actuación,
folclore y danzas.
Los medios de comunicación social se han hecho eco de nuestros
problemas y han sido solidarios en las diferentes protestas que tienen que
ver con la anulación de este decreto. Incluso las publicitarias nos
han "faxeado" la gaceta para asumir el poderío que asumen
con la medida inconsulta y solazándose irónicamente.
Seguiremos insistiendo porque nos asiste el derecho. Por otra parte los
futuros artistas que estudian en las escuelas de Bellas Artes, se tendrán
que quedar a medio palo en sus estudios, por la falta de fondos para sufragar
los gastos de los planes de estudio.
Ojalá haya una reconciliación de parte del Ejecutivo y
los artistas logremos, al menos conversar con el señor Presidente
para darle luces en este difícil problema que confrontamos los artistas
panameños.
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