Ante los altos índices de criminalidad y de violencia que se mantienen a nivel nacional, el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, instó a la pronta concreción de la Política Pública en materia de Seguridad Ciudadana.
El Ombusdman, al reconocer los últimos esfuerzos hechos por las autoridades en la lucha contra el crimen, indicó que el establecimiento de esa política pública, de la cual harían parte la política pública en materia criminal, penitenciaria y migratoria, debe elevarse a tema de Estado, ya que contribuiría a focalizar esfuerzos y acciones, sostenibles y medibles en el tiempo.
"Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos, en el marco del más estricto respeto a los derechos humanos, por lo que es deber de las autoridades ofrecer mecanismos eficientes de prevención y control, teniendo presente que la inseguridad ciudadana afecta la calidad de vida de los habitantes y atenta contra la gobernabilidad democrática", puntualizó Vargas.
La Política Pública de Seguridad Ciudadana constituiría el eje central para la especial atención a las víctimas de delitos, y medidas específicas para los grupos vulnerables de la sociedad, así como para la mayor profesionalización y modernización y capacitación de las fuerzas policiales, como primeros garantes de la seguridad ciudadana, la efectiva regulación y control de las armas de fuego, así como la rendición de cuentas de cada uno de los responsables de la ejecución y cumplimiento de esta política y la participación ciudadana, constituyen entre otros, los fundamentos que han de definirla.
