Los disturbios de Bocas del Toro dejaron en evidencia el excesivo y "abusivo uso de la fuerza", por parte de la Policía Nacional y la violación al derecho a la vida, a la libertad personal, a la protección judicial, a la integridad personal.
Esto según un informe preliminar efectuado por la Defensoría del Pueblo, que agrega que las actuaciones iniciales de las autoridades dejaron clara evidencia de una falta de prioridad al diálogo y tolerancia ante legítimas reclamaciones y derechos del sector trabajador y que a juicio del informe de Defensoría resultaron inefectivas.
Defensoría pidió suprimir el uso de perdigones o similares, como armas letales para persuadir o controlar manifestaciones.
"Los daños a la propiedad privada y bienes del Estado, que rodearon las protestas, evidenciaron el nivel de intolerancia y descontrol de algunos de los manifestantes, quienes exteriorizaron, de forma equivocada, su frustración ante la falta de respuestas concretas a sus legítimas reclamaciones", indica la conclusión firmada por el defensor Ricardo Vargas.
Durante la investigación realizada por los delegados de Defensoría se "evidenció un claro y abusivo exceso de la fuerza que requiere la explicación, investigación, análisis y revisión por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional".
Entre los hechos más graves, se señalan las lesiones producidas a los manifestantes de Changuinola, que comprueban la falta de utilización de protocolos y de una correcta aplicación de la reglamentación para las manifestaciones públicas que han dejado discapacidad parcial o permanente, y que también dejaron pérdidas humanas.
La Defensoría recomendó al Estado, cumplir con la Ley 18 de la Policía Nacional, relacionado con el uso ilimitado de la fuerza, aplicar la "proporcionalidad, racionalidad e identificación del agresor", que se apliquen los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y la utilización comedida del empleo de armas de fuego a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El informe surge tras 10 días de huelga en Changuinola, que dejó 2 muertes, heridos, lesionados y detenidos. La Defensoría del Pueblo realizó visitas a hospitales en Bocas del Toro, Panamá, Santiago, Chiriquí, como a los detenidos de las cárceles de Changuinola y en la Policía Nacional de Panamá. Además se reunió con miembros de la Iglesia Católica, sindicalistas, policías, sacerdotes y docentes.
