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El legislador Serafín Sánchez dijo que los censos efectuados por el Ministerio de Viviendas (MIVI) entre los precaristas que invadieron terrenos en los corregimientos de Lídice y Villa Rosario, distrito de Capira, han logrado establecer el número real de personas con necesidad de viviendas y evitar el acaparamiento de tierras.
Basándose en los resultados del censo, el MIVI se comprometió a solicitar al Ejecutivo la compra de tierras en Capira para ubicar a las familias, sin embargo, a la fecha ello no se ha efectuado.
Con relación a la solicitud de desalojo hecha ante la corregiduría de Lídice por el propietario de las tierras invadidas, Sánchez dijo haberle solicitado un tiempo prudente para brindar una solución de vivienda a las familias, petición que se ha hecho extensiva a los propietarios de las tierras de Villa Rosario, una vez el Banco Nacional de Panamá negara la aprobación de un préstamo para la compra de tierras. No obstante, el tiempo dado por los propietarios de ambos terrenos se está agotando.
La nota enviada al Municipio de Capira con relación al préstamo solicitado, indica que desde el mes de marzo del año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas había señalado que esta municipalidad no estaba en capacidad de asumir un préstamo, además era necesario contar con el aval del Estado para este tipo de transacción económica.
Otro de los puntos expuestos es que constantemente se variaron las cifras de la suma de dinero solicitada en préstamo, a lo que se suma el hecho de que la experiencia con municipios pobres no ha sido satisfactoria.
Sánchez evitó opinar sobre las razones que tuvo el Banco Nacional de Panamá para negar el préstamo, sobre todo con respecto a que el Municipio de Capira carece de la capacidad para asumir un préstamo, aunque indicó desconocer las finanzas de la comuna y la forma cómo son manejados los fondos y las recaudaciones.
De acuerdo a Sánchez, el MIVI ha ubicado cierta cantidad de tierras que están a orillas de la carretera Interamericana junto a las estructuras del Banco Nacional y cuyo precio ha sido considerado como accesible para el Ministerio de Vivienda y que son las que se han sometido a consideración del gobierno. |
