Gestionan instrumento legal para jóvenes
Maritza Reyes
Crítica en Línea
Los jóvenes que por
alguna circunstancia se encuentran en conflicto con la ley podrían
contar con nuevo instrumento legal de prosperar el Proyecto de Ley de Responsabilidad
Penal para Adolescencia en el Organo Ejecutivo y luego en el Asamblea Legislativa,
donde entrará en discusión.
Esta propuesta jurídica, la cual fue presentada a la prensa durante
un foro organizado por la UNICEF y el Ministerio de la Juventud, la Niñez
y la Familia, señala como edad de responsabilidad penal de los muchachos
infractores a partir de los 14 años, con un máximo de pena
de 5 años; por lo tanto se aparta de este proceso a niños
de menor edad, aun por delitos graves como homicidio, violación,
tráfico de drogas y robo, entre otros.
A diferencia del proceso que se le sigue a los adolescentes que supuestamente
han cometido faltas contra el sistema como los arriba señalados,
su detención preventiva se limita a 60 días de investigación,
de no encontrarse prueba condenatoria el joven queda en libertad.
Los condenados a 5 años pasarán este período en
centros de resocialización, bajo la supervisión de un Juez
de Ejecución, quien tendrá la fuerza legal para solicitar
la suspensión de la pena en caso de que se compruebe la efectividad
en el proceso.
Esta nueva propuesta, ideada en base a un estudio especializado durante
dos años, en la que están involucrados 40 profesionales distribuidos
entre abogados, psicólogos, médicos, pediatras, estudiantes
universitarios, educadores de la calle, las ONG y entidades gubernamentales,
pretende crear una legislación penal especial aislada del proceso
penal común.
En este sentido, el joven infractor de 14 años contará,
una vez se dé su detención, con un defensor de oficio (con
el que no cuenta actualmente), que funcionará como un mecanismo de
garantía. Es decir, toda actuación que surja sin esta figura
queda nula.
La investigación de los hechos delictivos de estos menores corresponderá
a especialistas en esta materia de la Policía Técnica Judicial
e igualmente se crea un departamento bajo estas mismas circunstancias en
el Instituto de Medicina Legal.
Las autoridades judiciales tendrán competencia exclusiva para
conocer el juzgamiento de adolescentes en primera instancia, es decir, se
tomarán una serie de juzgados que ya existen y se transformarán
en juzgados de menores, donde solo se ventilarán estos casos.
Los muchachos de 17 y 18 años, de acuerdo a este proyecto, serán
juzgados por tribunales especiales y cumplirán su pena tomando en
cuenta lo establecido en este proyecto hasta los 21 años.
¿Por qué a los 14 años?
Ramón Alemán , magistrado suplente del Tribunal Superior
de Menores, explicó que las gráficas de los menores que aparecen
involucrados en actos delictivos de 9, 10, 12 y 13 años sólo
marca un 5%, en tanto que los de 14 años rebasa el 10 y el 12% de
los delitos.
Dijo que lo establecido en la Carta Magna sobre la edad de inicio laboral
inclinó aún más la balanza hacia esta edad.
Alemán, también secretario del Tutelar de Menores, asegura
que con esta modalidad jurídica se iniciaría todo un proceso
adecuado: jueces, abogados, defensores y fiscales, todos especializados
en esta materia.
"La doctrina actual que se basa en la omnipotencia de que el juez
"acusa, defiende y decide" quedará atrás de prosperar
este proyecto ley, concluyó.
Se prohíbe el internamiento
Los adolescentes que son víctimas de maltrato, de abandono o de
la comisión de un delito o aquellos que se encuentran en riesgo social,
el documento prohíbe el internamiento, por lo que serán remitidos
a organizaciones comunitarias, a hogares sustitutos, supervisados por el
Ministerio de la Juventud, la Niñez y la Familia.
Los tipos de sanciones
En este caso todo va a depender de la gravedad de las conductas delectivas
que se traten, para las que se han establecido tres tipos de sanciones a
saber:
- La sanción socioeducativa: Este aspecto involucra la asistencia
obligatoria a programas de resocialización, trabajos comunitarios,
la reparación del daño en casos de daño material ocasionado
por el menor infractor.
- Distintas modalidades de la privación de la libertad: En este
caso se aplican medidas de arresto domiciliario, régimen de semilibertad
y privación en un centro de resocialización de adolescentes.
Uno de los consultores para esta propuesta de ley, Jorge Giannares, manifestó
que la reclusión de los jóvenes infractores será la
última medida que se tomará para sancionar a los menores que
se les compruebe algún tipo de responsabilidad penal y sólo
en los casos arriba señalados.
La magistrada del Tribunal Superior de Menores, Esmeralda de Troitiño,
dijo que debe quedar claro que este proyecto no baja la edad de responsabilidad
de los menores infractores, sino que la legislación está marcando
una edad límite por debajo de la cual el grupo que no ha cumplido
los 14 años no se le podrá exigir ningún tipo de sanción
penal.
Troitiño aduce que la justicia de menores es "hipócrita
y engañosa" con respecto al tratamiento que se le sigue a los
menores, porque se les viola sus derechos al internarlos por hechos que
no son delito y se le hace un proceso no con todas las garantías,
porque el juez que tiene que protegerlo no investiga, sólo decide
el tipo de sanción, "así no debe manejarse la justicia",
sentenció.
"Este fenómeno se ve igualmente en niños de 10 y 12
a quienes se les está procesando dentro de la jurisdicción
penal, de allí de que esta propuesta persigue que la sanción
tenga una finalidad educativa.
Esta posición es corroborada por la legisladora perredista Balbina
Herrera, quien dejó entrever que en estos momentos los jóvenes
infractores no cuentan con los mismos derechos de la población carcelaria
adulta.
"Es importante que se replantee todo lo relacionado al sistema penal
de menores, porque no existen garantías para los jóvenes que
infrinjan la ley.
En tanto que la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela
Dixon, cuestionó el sistema judicial por las fallas en sus componentes.
Culpó de esta situación igualmente a los abogados por la
cantidad de recursos de habeas corpus que entorpecen y detienen el camino
de la justicia, al tiempo que ponderó que este proyecto permitirá
la transformación de toda la justicia penal.
El costo
Aún no se ha estimado el costo de funcionamiento para la puesta
en ejecución de este proyecto, sólo se conoció que
actualmente el Ministerio de Planificación y Política Económica
realiza las investigaciones para posteriormente dar a conocer el costo de
ejecución y la partidas con las que cuenta el Estado para hacer frente
a este problema social.
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