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El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Javier Tejeira, aclaró que el proyecto de nueva ley penitenciaria regula adecuadamente el otorgamiento de permisos para que los detenidos puedan laborar o estudiar por lo que no debe prestarse para negociados.
Tejeira reaccionó a los señalamientos del procurador José Antonio Sossa, en cuanto a que esos permisos puedan constituirse en focos de corrupción para su concesión.
El legislador del Partido Liberal recordó que el proyecto original fue objetado por el Ejecutivo, porque no contemplaba una reglamentación sobre el tema de los permisos pero en esta ocasión se subsanó ese detalle.
No es cualquiera que puede obtener esos permisos, habrá una Junta Técnica para evaluar cada caso y los privados de libertad que opten por los permisos deben estar condenados y haber cumplido al menos la mitad de la pena, explicó Tejeira.
Además, añadió el político, los detenidos deberán ir a sus trabajos y las escuelas en horarios diurnos y retornar luego al centro penitenciario. Los fines de semanas también deberán permanecer en prisión.
Javier Tejeira reveló además que las objeciones iniciales del Ejecutivo al proyecto fueron analizadas en la Comisión de Gobierno así como de Derechos Humanos de la Asamblea, donde finalmente se le dispensó el primer debate con el aporte de más de 30 organizaciones como las Universidades, el Ministerio de Gobierno y Justicia, la Comisión de Justicia y Paz y gremios de Derechos Humanos.
Sostuvo que en el pleno fue aprobado por consenso de las bancadas tanto de Gobierno como de oposición, lo cual indica la importancia que los legisladores le brindaron a este tema. |
