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SINDICALISTAS REPRIMIDOS CON DUREZA
Violento inicio de huelga en Paraguay
Agencias
Internacionales
Cinco detenidos, una veintena de heridos de diversa consideración dejó la represión policial contra trabajadores que ayer jueves iniciaron una huelga general de 48 horas contra las privatizaciones en Paraguay, denunciaron fuentes sindicales. Percio Duarte, secretario general de la Unión Sindical del Transporte, denunció en emisoras locales que unos cinco de sus compañeros fueron detenidos y al menos 10 resultaron con heridas cortantes causadas por cachiporrazos y puntapiés de los agentes antimotines. Uno de los dirigentes, Roberto Medina, fue trasladado de urgencia hasta el estatal hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) donde quedó internado en estado de observación, relató Duarte. Agregó que Medina recibió varios cachiporrazos que le produjeron cortes en el cuero cabelludo y puntapiés poco después de discutir con las fuerzas del orden cuando intentó interponerse a la detención de uno de sus compañeros. Asimismo, Duarte afirmó que "el acatamiento (de la huelga) es del 99%, a pesar de la acción criminal de la policía". Varios periodistas resultaron a su vez con contusiones y lesiones diversas, entre ellos un fotógrafo de la AFP. Los antimotines, apoyados por la policía montada, arremetieron contra unos 500 trabajadores en la calle Ultima, que divide Asunción de la vecina Fernando de la Mora, con carros de agua, cachiporrazos, puntapiés y gases lacrimógenos, incidente que fue transmitido por la televisión. Los disturbios se produjeron además en los alrededores de la terminal de ómnibus y sobre la avenida Artigas, por la que se accede a Asunción desde el norte. Los obreros paralizaron la circulación del transporte colectivo. Muy escasos vehículos, fuertemente custodiados por policías, circularon hasta el mediodía, constató un periodista de la AFP. Una sola línea en servicio reportó 15 vehículos dañados con sus parabrisas y ventanillas rotas por pedradas, según informó la televisión. Abilio Ortega, empresario del transporte colectivo, calificó de "terroristas" a los sindicalistas al lamentar la destrucción de dos vehículos en la madrugada, que fueron quemados por desconocidos. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, José Alberto Planás, dijo que se reforzaría la guardia sobre el transporte para permitir la circulación. El presidente Luis González Macchi ordenó ayer que camiones del Ejército y la Policía se ocupen del traslado de usuarios, si bien las calles céntricas se encontraban virtualmente despejadas como en días domingo, constató un periodista de la AFP. También los medios locales reportaron disturbios en Ciudad del Este (330 km al este) y en Encarnación (370 km al sureste). Los comercios abrieron en un 50%, según varias radios, si bien algunos propietarios dijeron estar alerta para cerrar en cualquier momento cuando lleguen los contingentes de huelguistas desde la periferia hasta el centro, por temor a que rompan sus vidrieras. El Ministerio de Educación y Cultura admitió que la asistencia a clases se redujo a su mínima expresión. El paro de 48 de este jueves y viernes se da en el marco de una huelga general de 30 días de los trabajadores de la telefónica estatal iniciada el miércoles, para exigir al Gobierno el retiro de su proyecto de privatizaciones, que cuenta con media sanción del Senado. A los funcionarios de la telefónica Antelco se sumaron los trabajadores de la distribuidora estatal de petróleos (Petropar) y de la compañía oficial del servicio de agua Corporación de Obras Sanitarias (Corposana), que declararon una huelga de ocho días. La ley de privatizaciones conocida, como "vía rápida", permitirá al Ejecutivo transferir a la esfera privada sin control del Congreso la compañía de teléfonos, de agua y los ferrocarriles. En la lista de espera se encuentra Petropar. La única empresa privatizada hasta ahora es Líneas Aéreas Paraguayas (LAP). Aceros Paraguayos (Acepar) fue entregada a los trabajadores hace tres años, cuyos directivos solicitaron al Gobierno la refinanciación de sus cuantiosas deudas. Otra compañía estatal, la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL) fue transferida también a los trabajadores y empresarios de caña, igualmente con dificultades para hacer frente a sus deudas con el Estado. Una mayoría opositora en la Cámara de Diputados se opone a las privatizaciones sin control, por lo cual se ha demorado el tratamiento del proyecto de ley en el plenario de la Cámara Baja. Los sindicalistas dicen desconfiar de las privatizaciones "por un gobierno que no fue elegido por el pueblo", según expresó Percio Duarte, que lidera el movimiento huelguista en la capital paraguaya.
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