Con el rostro cubierto por la capucha de un abrigo, se entregó ayer el jefe del departamento de Balística de la Policía Técnica Judicial, Luis Alberto Vargas Ramírez, a quien se le vincula con la desaparición de 32 armas de fuego, expedientes y otras pruebas que reposaban en ese despacho.
Vargas, quien tiene 23 años de laborar en la PTJ y 10 al frente de Balística, alegó ser inocente de los cargos que se le imputan. Una de las armas que debía permanecer en balística desde 1999, fue decomisada tras un reciente tiroteo en El Chorrillo.
Presuntamente, Vargas Ramírez sustraía las armas y se las suministraba a delincuentes de diferentes bandas, acusación que rechaza el funcionario.
El exjefe de Balística se entregó, porque era rastreado por un bloque de búsqueda integrado por unidades de la DIIP de la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía Auxiliar y la Policía Técnica Judicial (PTJ).
La conexión de Vargas surgió a través de una operación de inteligencia de la Policía Nacional, denominada "Restaurar 1", para desarticular bandas. Las 32 armas fueron decomisadas en la casa del Inspector y en otro allanamiento a un cuarto de una colombiana que frecuentemente visitaba Vargas.
En las residencias también se encontraron expedientes de casos de los años 2000, 2004 , 2005 y 2007, también permisos de armas con fotos de ciudadanos asiáticos, municiones de pruebas balísticas y casquillos vacíos que forman parte de diferentes casos pertenecientes a los expedientes que investiga la PTJ.
La colombiana rindió ayer, indagatoria sobre su relación con Vargas y las pruebas que fueron encontradas en su poder.
El director encargado de la PTJ, Gustavo Barragán, informó que las armas estaban notificadas como faltantes y que Vargas poseía el control, registro de algunas evidencias, además de poseer la capacidad de sustraerlas de las institución.
