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Critican posible
venta de terminal aérea de Tocumen
Redacción
Crítica
en Línea
Claudio
Dutary, dirigente de los controladores aéreos destituidos
se manifestó en desacuerdo con la medida que tiene como
fin privatizar los servicios del aeropuerto de Tocumen.
El dirigente, solicitó al gobierno evaluar este proceso
debido a la de falta de transparencia en el mismo, pues, según
dijo nadie ha consultado nada.
Sobre este mismo tema, resaltó que en Europa se están
haciendo fuertes críticas en contra de la privatización
de los servicios de los aeropuertos, debido a que esta modalidad
no está rindiendo lo que se esperaba por parte de los
usuarios.
Otras de las medidas a las que se oponen los controladores
aéreos es la aprobación del proyecto que crea la
Autoridad de la Aviación Civil, ya que esto deja abierta
la puerta para que el actual presidente nombre a su director.
Subrayó que la actual administración de Aeronáutica
Civil ha ejecutado una política "desastrosa"
en lo que se refiere al mantenimiento del patrimonio aéreo,
lo que facilita la injerencia del ejecutivo en este sector.
Por otra parte, Dutary calificó de "irrespetuosa"
la actitud del gobierno de posponer por segunda vez la audiencia
de los controladores aéreos, quienes solicitan su restitución
en el cargo.
Según el dirigente, la audiencia que estaba programada
para el 9 de julio fue pospuesta por segunda vez para el 25 de
este mes, lo que alarga más el proceso y la búsqueda
de estabilidad laboral por parte de los controladores.
Indicó también que por segunda vez, el juez
titular del proceso es enviado de vacaciones "justamente"
cuando tiene que llevar a cabo el proceso judicial y en su efecto
se nombra a una juez que desconoce un proceso tan voluminoso
y extenso como el de los controladores aéreos.
Indicó que es preocupante la manera en que el Organo
Judicial atrasó un proceso que debió iniciar desde
hace mucho tiempo, lo que a su juicio evidencia que no tiene
interés en adelantar las diligencias judiciales que involucran
a los controladores aéreos.
Los 69 ex funcionarios, quienes fueron destituidos por el
presidente Ernesto Pérez Balladares a principio de 1997
bajo la acusación de que atentaron contra la seguridad
del país, adelantaron que de ganar este proceso interpondrán
una demanda por daños y perjuicios contra el Estado.
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