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La Corte Suprema de Justicia declaró legal la orden de arresto proferida por la Fiscalía XIV contra los empresarios Aquilino y Carlos De La Guardia Romero, dentro de un proceso por quiebra fraudulenta del Grupo Adelag.
Bajo la ponencia del magistrado Aníbal Salas, la Corte confirmó la legalidad de la medida cautelar, que había sido apelada por la defensa de los hermanos De La Guardia.
El Ministerio Público -en base a la denuncia de acreedores bancarios- iniciaron el proceso por una quiebra dolosa, que generó lesiones patrimoniales por el orden de 12 millones 99,295 balboas.
Los abogados Rubio, Alvarez, Solís & Abrego consideraban que la orden de arresto era ilegal, porque el proceso de quiebra civil se encuentra suspendido en virtud de un Amparo de Garantías Constitucionales y además alegaban que no se podía vincular a sus clientes a una quiebra fraudulenta, por el sólo hecho de ser dignatarios de una sociedad.
La quiebra del grupo Adelag se declaró en septiembre del año 2001. |
